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| Gerry Rice admitió una reunión por un informe del FMI sobre la Argentina. |
El Directorio del Fondo Monetario Internacional se reunirá
este viernes para analizar un informe sobre la calidad de las estadísticas de
la Argentina, en un hecho inédito para la entidad "bajo el marco jurídico
actual"
Así lo afirmó, durante una conferencia de prensa en
Washington, el vocero del organismo de crédito, Gerry Rice, que confirmó que
"el Directorio Ejecutivo tiene programado reunirse para conversar sobre el
informe enviado por la administración del Fondo sobre la respuesta de la
Argentina a las preocupaciones en lo atinente a sus estadísticas
oficiales".
Ante una consulta de la corresponsal en los Estados Unidos
del diario La Nación, Rice, luego de señalar que "no" podía
"adelantar" detalles de lo que ocurra el viernes, admitió que
"es la primera vez que el Directorio Ejecutivo llega a este punto, a esta
situación bajo el marco jurídico actual".
El FMI reclama, sin éxito, que el Gobierno nacional
modifique la actual metodología de elaboración de sus informes oficiales para
que se adecuen a estándares internacionales.
El organismo postergó en dos oportunidades una definición
sobre el tema, otorgándole más tiempo al país para que cumpla con los pedidos.
En diciembre pasado, la directora gerente del organismo, la
francesa Christine Lagarde, elevó al Directorio un reporte que incluyó la
respuesta argentina a las preocupaciones sobre sus datos estadísticos,
particularmente sobre la inflación y los vinculados al crecimiento.
Posibles sanciones
El martes, el FMI aclaró que entre las penalidades que se le
pueden aplicar a los países por incumplimientos a la provisión de datos
estadísticos, tal como se evaluará este viernes en el caso de la Argentina, no
se incluye ningún tipo de notificación al Grupo de los 20, ni tampoco el pedido
de apartamiento de algún miembro.
Para aquellos países que no proporcionan información que
"fortalezca la eficacia" de la institución, las normas del Artículo
VIII del Estatuto del Fondo prevén sanciones que pueden ir desde una simple
"declaración de censura" hasta "la retirada obligatoria" de
la entidad.
Tras la "declaración de censura", que se podría
emitir si un país no ejecuta las acciones pedidas por el Consejo Ejecutivo
antes de determinada fecha, Lagarde está facultada, luego de evaluar la situación,
a emitir una "queja" a la Junta Ejecutiva y recomendar luego que el
Comité declare al país transgresor "inhabilitado para usar los recursos
del organismo".
Como escalón más grave, las normas prevén que el Fondo
"suspenda la votación del país-miembro y los derechos políticos" y,
si la situación persiste, puede ocurrir que seis meses después esa sanción
desemboque en "la iniciación de los trámites para una retirada obligada
del miembro".
Informe: Infobae
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