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| Susana Trimarco presenció la sesión de Diputados en la que se aprobó la reforma a la Ley de Trata. (Foto: Télam) |
De manera unánime y ante la mirada expectante de Susana
Trimarco, la Cámara de Diputados sancionó en su última sesión del año la
reforma a la Ley de Trata de Personas que elimina al consentimiento de la
víctima como eximente de toda responsabilidad penal y obliga al Estado a
promover la reinserción social de las mujeres que caen en estas redes.
La nueva norma significó la reacción de los legisladores
ante el fallo del tribunal tucumano que absolvió a los 13 acusados por el
secuestro y desaparición de Marita Verón hace diez años.
Su madre arribó al recinto pasadas las 18 y presenció la
sesión acompañada por sus abogados y la senadora kirchnerista Beatriz Rojkés de
Alperovich, esposa del gobernador tucumano y autora de uno de los proyectos de
ley sobre el tema.
El Frente para la Victoria, que impulsó el texto venido del
Senado, contó con el apoyo de sus aliados tradicionales y todos los bloques
opositores, que respaldaron la iniciativa en general y finalmente desistieron
de introducir modificaciones. Sólo hubo una única abstención, de la
monobloquista Marcela Rodríguez, que había presentado su dictamen en minoría.
La Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas fue sancionada en 2008 e incorporó este
delito al Código Penal. Sin embargo, desde aquel momento sufrió reiterados
cuestionamientos por las bajas penas que establecía y las dificultades para
operativizar el combate contra la trata.
La sesión extraordinaria pedida por la presidenta se
extendió durante más de ocho horas, en un debate en el que casi ningún diputado
se privó de hablar.
El fallo por Marita Verón también trajo a colación el papel
de los jueces: “Tenemos la obligación de interpelar a ese Poder Judicial que
mira hacia el costado. Este fallo escandaloso lo tenemos que tomar como la
oportunidad para dar el debate” por la democratización de la Justicia,
consideró el presidente de la bancada oficialista, Agustín Rossi.
“Jueces que dan vergüenza como éstos reinan en todo el país.
No queremos más jueces cómplices”, exclamó el camporista Horacio Pietragalla
Corti en el mismo sentido.
El titular de la Comisión de Legislación Penal, Oscar
Albrieu, sostuvo que las modificaciones están “en línea con el pensamiento de
la presidenta de dar una respuesta contundente de rechazo, repudio, y de
ratificación de la lucha que se lleva contra la trata de personas en este
momento especial”.
Del mismo modo, la responsable de Familia y Mujer, Silvia
Risko, remarcó que la reforma de la Ley de Trata “profundiza el modelo de inclusión
social” iniciado en 2003. La tucumana Stella Maris Córdoba pidió compromiso de
todos los gobiernos provinciales para regular la habilitación de locales donde
se practica la explotación sexual.
El kirchnerista Pablo Kosiner fue quien dio las cifras:
puntualizó que, desde 2008 hasta el momento “se han rescatado 3875 víctimas en
1819 allanamientos con 1396 detenidos”. Según Virginia Linares (FAP), “el 87%
de la trata se refiere a una situación sexual, y de ese porcentaje el 90% son
mujeres y niñas en estado de esclavitud y sometimiento extremo”. “La trata es
más que un delito, es una grave violación a los derechos humanos”, sostuvo.
Las principales críticas de la oposición recayeron en la
“falta de políticas públicas” para combatir este flagelo y en la demora del
oficialismo para tratar el tema. La radical Elsa Álvarez denunció que las
organizaciones delictivas de trata de personas actúan “amparadas por miembros
del poder político judicial y funcionarios de las fuerzas de seguridad de las
provincias”.
Su par María Luisa Storani insistió en que “queda claro
quiénes son los que marcan la agenda en este recinto, y este tema no lo tenía
la mayoría en sus prioridades”. La oficialista Stella Maris Leverberg le
retrucó que, cuando el Frente para la Victoria era minoría frente al extinto
Grupo A, un proyecto de su autoría para modificar la ley en cuestión “nunca fue
tratado”. Mara Brawer también se defendió: “No voy a permitir que se diga que
el oficialismo cajoneó esta ley. Todos sabemos de las disidencias que
atravesaban a todos los bloques en un tema tan complejo como éste”, afirmó.
El titular del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, dedicó
su discurso a los aspectos culturales que se esconden tras la explotación
sexual de las mujeres: “Detrás de la trata hay un esquema de dominación
patriarcal que viene desde hace tiempo, que supone que la mujer no es un
sujeto, supone a la mujer como una persona diferente e inferior”, explicó.
La fueguina Liliana Fadul celebró la sanción de la ley al
preguntarse: “¿Una persona en situación de trata se encuentra en capacidad
suficiente para prestar su consentimiento? La verdad es que ni siquiera hay que
llegar a realizar un análisis jurídico para obtener una respuesta. Alcanza con
el sentido común”.
Uno de los más duros fue el tucumano Juan Casañas, quien no
dudó en afirmar que “el principal responsable de las barbaridades que pasan en
Tucumán se llama José Alperovich”. Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur)
aseveró que “no hay trata de personas sin complicidad del poder político”.
Desde el Pro, Paula Bertol se mostró compungida: “Siento
ganas de pedirle disculpas a Susana Trimarco. Cuando escucho que le agradecen
preferiría que no existiese una heroína como ella”, manifestó. “Parece que hoy
la dirigencia política se empieza a dar cuenta que existen mujeres
esclavizadas”, agregó Victoria Donda (FAP). Coincidió el peronista disidente
Gustavo Ferrari: “No seamos hipócritas en pensar que desde hoy esto es un
problema”, dijo.
La flamante ley define como “trata de personas” al
“ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas
con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o
hacia otros países”.
Además, establece que “el consentimiento dado por la víctima
de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de
eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores,
partícipes, cooperadores o instigadores”.
También castiga con prisión de cuatro a seis años al que
explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, y al que
“promueva o facilite la prostitución” de la misma. Si la víctima es menor de 18
años, la pena será de 10 a 15 años de prisión.
Se contemplan agravantes cuando, para someter a la víctima,
se emplee violencia, amenazas o cualquier otro medio de intimidación o
coerción; cuando el autor fuera familiar, cónyuge, autoridad o ministro de
cualquier culto, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima,
funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad.
Otra de las modificaciones obliga al Estado nacional a
brindar asistencia médica y psicológica gratuita a las víctimas; otorgar
capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo; y a colaborar en la
incorporación de la víctima en el sistema educativo.
La nueva norma crea también un Consejo Federal y un Comité
Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas, con la función de diseñar políticas públicas
destinadas a combatir la trata y explotación de personas.
Asimismo, crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal un
Sistema Sincronizado de Denuncias sobre el Delito de Trata y Explotación de
Personas, y se le asigna el número telefónico 145 en todo el territorio
nacional.
Por último, se establece que “siempre que fuere posible, las
declaraciones de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas
serán entrevistadas por un psicólogo, no pudiendo en ningún caso ser interrogadas
en forma directa por las partes”.
Informe:
Parlamentario.com
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