Malas noticias

Por Roberto García

Hasta el martes. Parece un plazo verosímil al provenir de quien establece fechas y determina acontecimientos –aunque no ocurran–como un mecanismo de poder. Como si el martes fuese una imposición personal para un cambio o, tal vez, un consentimiento para las promesas a cumplir por un infatuado equipo de amateurs que la hundió en el pozo del 7D contra Clarín, al que ingresó por voluntad propia y con afán de venganza. Venía de otra derrota con el Grupo, cuando sin disculparse debió aceptar la falsedad de que la señora de Noble había robado hijos, arrancados bajo tormentos a una pareja desaparecida.

Baladronada o no, habrá que esperar hasta el martes para saber el destino del multimedios. Fecha que, claro, nació como consecuencia de la presunta crisis que se vivió en Olivos el pasado jueves luego de que dos jueces decidieran extender la cautelar pedida por Clarín hasta que otro magistrado determine la inconstitucionalidad o no de dos artículos de la Ley de Medios.

En rigor, 72 horas antes Cristina ya había sido advertida por el acto de la Cámara, de ahí que el fallo no fuera una sorpresa, y si en la residencia hubo clima lúgubre, desencajado, obedeció más a la difusión de la medida que a la novedad del episodio. Como si fuera cierto que los hechos –como suele señalarlo el relato oficialista– ocurren sólo cuando son publicados.

No fue la única mala noticia que le marcaron: también le advirtieron que futuras decisiones judiciales, a pesar de ser favorables, le reconocerán a Clarín extensiones temporales para adaptarse a la norma. Demasiado tardío el informe, por lo menos a tan pocas horas del 7D, como si esas alternativas no hubiesen sido consideradas antes de lanzar y empecinarse con el zarandeado y costoso proceso, esa jornada que de histórica pasó a devaluarse y que, hasta ahora, sólo mostró penosa improvisación, falta de idoneidad profesional y un voluntarismo rayano en la ceguera. Casi como la derivación política del caso: lo que empezó como una vulgar disputa por negocios (con la telefonía y Telecom en el medio), patrimonial, avanzó luego en porfías personales, de sectores, causas sagradas que involucraron a nuevos e impensados participantes y, en el colmo del desvarío, finalizaron con un conflicto institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Como si quedarse con un canal más o menos fuera igual que el asesinato del archiduque de Austria que originó la Primera Guerra Mundial.

Hoy Cristina aparece enfrentada con Ricardo Lorenzetti, a quien le imputan deseos presidenciales superiores al que tiene en la Corte (Carlos Kunkel dixit, entre otros). Y también confronta con la mayoría de los integrantes del cuerpo, a muchos de los cuales su esposo designó (habrá que recordar que antes de Néstor Kirchner, que se llevó la autoría, fue Eduardo Duhalde quien fulminó a la Corte menemista, y si fracasó en el intento de voltearla se debió a que pretendió reemplazar todo el instituto en lugar de echar a unos y mantener a otros, como hizo el gradualista santacruceño). Una curiosidad asombrosa esta nueva reyerta, en la que unos son denunciados por hacer política o servir a ciertos intereses y éstos, a su vez, estiman que el Gobierno sólo desea establecer una justicia propia, sectaria.

Parece un mal final para gente que empezó tan bien.

La Presidenta no discrimina: también pelea con las cámaras no alineadas en su proyecto, y si al principio objetó a varios integrantes, luego intentó separarlos en bloque. Hasta ahora no logró el objetivo y, al margen de la solidaridad corporativa que hizo brotar entre los magistrados, generó otra consecuencia indeseable: convirtió a los posibles sucesores, a los camaristas de otros fueros que eventualmente heredarían los casos, en felpudistas y funcionales servidores del Gobierno. No fue el único daño. También descendió a litigar con un veterano juez, trató de indecente a Francisco de las Carreras, quiso desplazarlo por un viaje de dudosa filiación como única mácula en toda su carrera cuando, en el fuero, todo el mundo sabe que tuvo la dignidad un día de arrancar la chapa de Poder Judicial de su automóvil para no compartir privilegios con otros colegas en los primeros escándalos de la Justicia.

Quizás ocurra que Ella se ha aventurado a disciplinar lo que cree que está de-sordenado. O lo que no le responde, como sí tantos otros jueces (citar a Oyarbide sería una obviedad). Aunque también puede suponerse que se haya envenenado con razón por el uso y el abuso que Clarín ha hecho de las cautelares. Una herramienta que, en nombre del Derecho, en muchos casos ha servido para no aplicarlo.

Ella conoce el tema por la jactancia de empresarios de su cercanía, de por lo menos tres grupos que la rodean y asisten, que han sobrevivido económicamente por utilizar –casi burlándose del espíritu de la norma– la herramienta de las cautelares como mecanismo dilatorio de la Justicia.

Es cierto que Clarín copió a estos grupos, que saca ventaja de estas herramientas judiciales y que ayudó a instalar lo que Cristina llama “Estado cautelar” o “patria cautelar”. Pero los propietarios intelectuales de esas maniobras, curiosamente, están a su lado, son productos de la picaresca de un estado judicial que no se emprolija con advenedizos, publicistas o cantantes. Nunca, así, habrá un 7D.

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