El gobernador de Tucumán, José Alperovich negó que haya dado orden de vigilar a dirigentes opositores. |
“Jamás en mi vida he dado una orden de que se persiga a
políticos o a gremialistas. Yo desmiento totalmente, están acá el ministro de
Seguridad (Mario López Herrera), el jefe de Policía (Jorge Racedo) pero jamás,
jamás. Para mi la democracia es todo”, dijo el gobernador de Tucumán, José
Alperovich, al desacreditar la denuncia pela en su contra presentada por
legisladores radicales involucrando al mandatario en presuntas actividades
ilícitas de la Policía, vinculadas a la persecución de dirigentes del
centenario partido y de otros sectores de la oposición.
En declaraciones al diario La Gaceta, Alperovich dijo que
esas denuncias forman parte de una campaña de desprestigio en contra de su
gestión y añadió que “como no saben darle soluciones a la gente, lo único que
tratan de hacer es poner palos en la rueda, ensuciar el nombre, ensuciar las
cosas, y bueno... Jamás se me puede haber ocurrido que se persiga a
alguien".
Según Alperovich “cuando usted camina por acá y habla con
los vecinos, que están felices por lo que estamos haciendo, nos invitan a su
casa, nos abren la puerta y nos dicen 'gracias'. Creo que la mejor manera de
responder es seguir trabajando y dando solución a la gente".
La denuncia
Legisladores de la UCR tucumana denunciaron penalmente ante
la Justicia Federal al gobierno del kirchnerista José Alperovich, por un
presunto espionaje y seguimiento a dirigentes opositores.
La demanda, formulada por el senador José Cano y los
legisladores provinciales Silvia Elías de Pérez y Ariel García, advierte sobre
una supuesta violación a la Ley de Inteligencia Nacional.
Ello, según precisaron en su escrito, "al haberse
ordenado el seguimiento a dirigentes políticos, sociales y sindicales por parte
de la Departamento de Inteligencia Criminal (D-2) de la Policía de la
provincia".
La presentación apunta como responsables de esos hechos al
gobernador Alperovich y al ministro de Seguridad, Mario López Herrera.
La denuncia penal fue presentada formalmente la Fiscalía
Federal y está caratulada como violación a la Ley 25.520. La norma regula el
funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional y prohíbe expresamente que
se obtenga información o que se almacenen datos sobre personas por el sólo
hecho de su raza, fe religiosa o pertenencia a organizaciones políticas,
sociales, sindicales o comunitarias.
Según los denunciantes, Tucumán se encuentra a contramano de
esa norma porque la Policía desarrolla actividad de inteligencia sin ningún
control que regule su labor.
Informe: Agensur.info
y NOVA
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