domingo, 16 de diciembre de 2012

Dictadura en las sombras

Por James Neilson
Si algo caracteriza a Cristina y sus soldados, es la nostalgia que sienten por la Argentina de antes de la restauración democrática de hace 29 años. Tal vez por suponer que la democracia es un sistema demasiado insulso para políticos y politizados que necesitan dosis frecuentes de emociones fuertes, se resisten a entender que mucho ha cambiado desde entonces, que ya no se trata de recuperar derechos secuestrados por uniformados sino de abocarse a la tarea ardua, pero nada épica, de la consolidación institucional. Aún viven en el país de mediados de la década de los setenta del siglo pasado cuando, desde su punto de vista por lo menos, todo era mucho más sencillo que en la actualidad, ya que a su juicio era muy fácil distinguir entre los buenos por un lado y los irremediablemente malos por el otro.

Es con toda seguridad por este motivo que se esfuerzan tanto por convencerse de que la democracia es solo una fachada detrás de la cual los militares y sus cómplices siguen en el poder, que con un grado de astucia preternatural se las han ingeniado para engañar al pueblo disfrazándose de civiles inofensivos cuando en realidad son los monstruos siniestros de siempre. Puede que estos golpistas miserables ya no manejen tanques como en los buenos viejos tiempos, pero, de tomarse en serio las advertencias de Cristina y sus incondicionales, cuentan con unidades mediáticas que son igualmente mortíferas y también, como los oficialistas más perspicaces acaban de enterarse, de batallones de jueces que se han puesto a su servicio, además de columnas bien armadas de chacareros oligárquicos, sindicalistas motorizados, economistas neoliberales, jubilados carancho y otros enemigos del pueblo, para no hablar de sus atroces aliados foráneos.

El que Cristina, flanqueada como está por la juventud maravillosa de La Cámpora y por cohortes de dependientes serviciales, se imagine una revolucionaria que lucha con heroísmo ejemplar contra una dictadura castrense en las sombras, es claramente peligroso. Entraña el riesgo de que el resto del país termine ajustándose a su pesadilla particular, que militantes kirchneristas se atribuyan el derecho de recurrir a la violencia porque, dirían, sus enemigos no titubearían en hacerlo. Por lo demás, la “crispación” provocada por la retórica beligerante de una presidenta que habla de “fierros judiciales” y por personajes como el ministro de Justicia, Julio Alak, que tomó la decisión de extender la medida cautelar por un “alzamiento contra una ley de la Nación”, no puede sino incidir en la conducta de muchos.

Si la Presidenta creyera que a pesar de todo la Argentina es una democracia auténtica, una imperfecta, tal vez, pero así y todo digna de conservar, se sentiría constreñida a acatar las reglas propias del sistema imperante. En tal caso, negociaría con paciencia y buena fe con los adversarios políticos, no se enojaría cuando los fallos de la Justicia resultan menos contundentes de lo que quisiera, y soportaría con ecuanimidad aparente las críticas por entender que no sería de su interés perder los estribos. Pero parecería que Cristina no piensa así. Antes bien, se supone rodeada de enemigos nada democráticos que están decididos a destituirla con los cuales sería inútil dialogar, de “corpos” poderosísimas encabezadas por personajes tan temibles como el general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera. Así las cosas, Cristina se cree facultada para ir a virtualmente cualquier extremo para frustrar los planes malignos de los presuntamente resueltos a reanudar el Proceso militar, razón por la que no ha vacilado en ensañarse con “la corporación judicial” que, según ella, debería dejar de inquietarse por los molestos detalles jurídicos, prestándose de este modo a una conspiración golpista, y “respetar la voluntad popular”, es decir, la suya.

Pues bien: no cabe duda de que Cristina estallaría con indignación si a un opositor se le ocurriera decir que, si bien conforme a la Constitución el gran triunfo electoral que consiguió en octubre del 2011 le aseguró el derecho a gobernar hasta diciembre del 2015, a partir de aquella jornada de gloria “la voluntad popular” ha cambiado tanto que debería respetarla abandonando ya la Casa Rosada. Felizmente para la Presidenta, merced a la Constitución y el deseo mayoritario de respetarla, en octubre del año pasado año la voluntad popular se quedó congelada hasta la segunda mitad del 2015, de suerte que, siempre y cuando el país no se aleje demasiado de la legalidad, podrá seguir gobernando hasta fines de diciembre del 2015 sin tener que preocuparse por los altibajos registrados por las encuestas de opinión. Lo comprenda o no la Presidenta, su propio futuro, y aquel de sus subalternos, depende de la estabilidad institucional.

Por cierto, puesto que la imagen de Cristina se ha deslustrado tanto últimamente, no le convendría en absoluto que todo permaneciera en manos de “la voluntad popular”, esta entelequia rousseauniana que desde un par de siglos atrás ha brindado a revolucionarios de distinto pelaje pretextos a su entender legítimos para perpetrar un sinnúmero de crímenes de lesa humanidad. Sucede que, además de ser inasible, “la voluntad popular” es veleidosa, de ahí la necesidad de que haya leyes firmes para defender a las víctimas en potencia, entre ellas los mandatarios que por alguna que otra razón se encuentran en apuros, de las caprichosas, y a veces terribles, pasiones colectivas.

Virtualmente todos los políticos opositores entienden muy bien que procurar subordinar todo a la voluntad, debidamente interpretada por ideólogos oficialistas, de una mayoría coyuntural abriría las puertas a la anarquía, pero parecería que los kirchneristas más agresivos, encabezados por Cristina, prefieren la alternativa así supuesta a la prevista por el imperio pleno del Estado de derecho. Claro, cuando hablan de “voluntad popular”, lo que tienen en mente Cristina y sus militantes no es la versión actualizada, captada por las encuestas de opinión, que se expresa a través de cacerolazos multitudinarios, sino la que fue manifestada por los resultados electorales de hace más de un año, cuando no la propuesta por ciertos teóricos vanguardistas que prescinden por completo del “pueblo” de carne y hueso, reemplazándolo por otro más revolucionario inventado por ellos mismos.

Para explicar la negativa del pueblo que efectivamente existe a respaldar con el fervor indicado a quienes dicen ser sus amigos, dichos teóricos tienen a mano la teoría marxista de “la conciencia falsa”, de la incapacidad de la gente común para liberarse de las cadenas mentales impuestas por el clero, el feudalismo, el capitalismo o la democracia burguesa; en su opinión, lo entienda o no el grueso de la población del país, Cristina encarna la voluntad popular.

Por fortuna, con algunas excepciones, los miembros de la corpo judicial no parecen sentirse tentados a acompañar a los kirchneristas en su viaje en el tiempo. Prefieren seguir en la Argentina maltrecha del 2012 a regresar al país arbitrario y cruel de casi medio siglo antes cuando era “normal” que, con cierta frecuencia, los militares se instalaran en el gobierno ya que, como sus enemigos “de izquierda” de ideas no tan diferentes, daban por descontado que el poder nace de la boca del fusil. Asimismo, a los jueces no les gusta para nada la prepotencia de la Presidenta y sus operadores que, por lo de la hipotética voluntad popular, se creen por encima de la ley.

Fue en parte por este motivo, y también por razones técnicas, que, además de hacer del “7D” un día cualquiera la Cámara de Apelaciones, la Corte Suprema por unanimidad se las arregló para rechazar el “per saltum”, o sea, el “por salto”, con el que el Gobierno esperaba despejar el camino legal para iniciar ya el desmembramiento expeditivo del odiado Grupo Clarín. Tal vez los jueces, que es de suponer son latinistas eximios, hayan recordado que la locución tiene otros sentidos, entre ellos “por el barranco”, y que Tito Livio lo usaba al aludir a lugares en que serían masacrados quienes cayeron en la tentación suicida de buscar un atajo “per saltum”.

De todas formas, el Poder Judicial no parece estar dispuesto a resignarse a compartir el destino poco feliz del Poder Legislativo que, merced a la presencia hasta nuevo aviso de una mayoría automática y una oposición fragmentada, se ha habituado a obedecer las órdenes del Ejecutivo. El “6D”, dos juezas de la Corte Suprema y los integrantes de varias asociaciones de magistrados firmaron un pronunciamiento en que reivindicaron con vigor la independencia de la Justicia y protestaron en contra del “uso de mecanismos directos e indirectos de presión sobre los jueces”. Es que, por razones evidentes, los magistrados que no quieren ser meros “militantes” del oficialismo de turno están hartos de ser blancos de las presiones y aprietes de quienes los tratan como subordinados. De acuerdo común, desde 1983 ningún gobierno democrático ha actuado con más brutalidad hacia los jueces que el kirchnerista, cuya conducta en este ámbito como en muchos otros se asemeja mucho a la de la dictadura militar, lo que en cierto modo es lógico porque Cristina se ha acostumbrado a emplear métodos que a su juicio hubieran sido apropiados en vísperas del golpe de 1976, cuando las reglas del juego político y jurídico eran muy distintas de las supuestamente vigentes en la actualidad.

(*) PERIODISTA y analista político, ex director de “The Buenos Aires Herald”.

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