domingo, 4 de noviembre de 2012

Veintinueve años, veinte verdades y otras tantas mentiras

Por Tomás Abraham (*)
El progresismo argentino está desorientado con el kirchnerismo. Padece de una suerte de mala conciencia. Esta actitud es visible en el FAP. Vota casi todas las leyes que propone el Gobierno a la vez que sostiene que es opositor. Pero pocos saben en qué y por qué se opone. Por otra parte, sectores de la cultura y protagonistas mediáticos que se oponen a este gobierno aprueban con frecuencia varias medidas que el kirchnerismo adoptó desde que asumió el poder.

Otros se acomodan a las vueltas de la vida, al cuidado de la imagen personal y a los vaivenes de la política, para decirnos que se sentían cerca del gobierno hasta tal fecha y luego por diversos motivos se alejaron. Cerca de Carlotto y lejos de Antonini Wilson, por ejemplo. Dejo de lado al peronismo tradicional que añora a Néstor y critica a Cristina por haber inventado La Cámpora y dejarlos de lado.

Para analizar el tema propongo hacer un listado de aquello que seduce al progresismo y le dificulta la tarea de su crítica. Me referiré a 19 medidas desde 2003 hasta la fecha que lo atraen y que son funcionales a sus modos de pensar la política: 1) anulación del indulto y juicio a los represores del Estado; 2) proclama de la lucha de los 70 como una épica de la juventud revolucionaria; 3) logro de la adhesión de las organizaciones de los derechos humanos; 4) renegociación de la deuda luego del default; 5) despenalización de la ley por calumnias e injurias; 6) baja de la desocupación e incentivación del mercado interno; 7) asignación universal por hijo; 8) estatización de las AFJP; 9) estatización de YPF; 10) estatización de Aerolíneas Argentinas; 11) reforma de la carta orgánica del Banco Central; 12) ley del matrimonio igualitario; 13) nombramiento de los nuevos miembros de la Corte Suprema; 14) aumento del presupuesto educativo;15) conversión de la Secretaría de Ciencia y Técnica en ministerio; 16) promulgación de la Ley de Medios; 17) voto optativo desde los 16 años; 18) apertura de las fronteras y facilitación de residencia para los inmigrantes de los países limítrofes; 19) solidaridad con los gobiernos de Bolivia, Venezuela (hecho más discutible) y Ecuador (menos ferviente).

Las mentiras. Falta una medida para completar veinte nuevas verdades, esta vez del kirchnerismo. Supongamos que luego de la aplicación de la Ley de Medios se inicia una campaña contra las multinacionales que monopolizan las exportaciones y se elabora una ley para crear la Junta Nacional de Granos que se haga cargo del comercio exterior y del manejo de precios y divisas. Es la medida número veinte. El progresismo antikirchnerista se vería otra vez seducido e incómodo. Con veinte realidades como las nombradas, al progresismo opositor, que se reclama de la tradición de la izquierda, le resulta intrincado explicarle a la sociedad qué es lo que no le gusta del poder vigente. Decir que es arbitrario, o que es autoritario, o hegemónico, más que una crítica política parece una queja de señoras y señores modositos y ofendidos.

Haré ahora otro listado paralelo al anterior, pero de 19 mentiras para que se adjunten a las verdades enunciadas con anterioridad. Luego veremos qué nos queda: 1) desconocimiento de la defensa de Menem del orden constitucional una vez que dividió a las Fuerzas Armadas y encarceló a Seineldín en enero de 1991. Fueron momentos en que intenta el último golpe de Estado con el apoyo de sectores que se reclamaban de la tradición nacional y popular para instalar una dictadura siniestra. Desconocimiento del Juicio a las Juntas durante el gobierno de Raúl Alfonsín en momentos en que las Fuerzas Armadas no sólo eran un factor político activo sino una fuerza con poder extorsionador y desestabilizador; 2) desconocimiento de la guerra de exterminio de la década del 70 que incluye las operaciones de la Triple A, secuestros y asesinatos por parte de las formaciones especiales, y entronización de una cultura política que desprecia la división republicana de poderes y que concibe que sólo con la lucha armada se llega al poder y se concreta la justicia social; 3) cooptación de parte del Gobierno de las agrupaciones de derechos humanos por definición contraestatales, hacerlas adherentes a toda su política, tengan o no que ver con su función específica, y además asociarlas a negocios poco claros de variada índole en nombre de la ayuda social; 4) desconocimiento de que el inicio de las negociaciones por la deuda comenzaron con la labor de Lavagna en el gobierno de Duhalde y que dejar afuera a grupos de acreedores y al Club de París impide que la Argentina tenga financiamiento externo y reciba dinero a tasas usurarias, como las recibió de Chávez; 5) la despenalización por calumnias e injurias ayuda y protege la investigación periodística, pero no impide las campañas de demonización de periodistas críticos que son difamados por los organismos de la prensa oficial y tratados de mercenarios al servicio de corporaciones cómplices con el Estado genocida. Protegidos y decapitados; 6) el estímulo del mercado interno mediante el consumo, el interés bancario negativo que ahuyenta el ahorro, los subsidios en servicios y transportes, dependen de la suerte que depara el mercado mundial en comprar nuestros alimentos y proveer de divisas al Banco Central. Si se agota o disminuye el superávit comercial y/o fiscal, nada queda, no hay desarrollo ni modernización, que dependen de una política de inversiones a largo plazo, obras en infraestructura, seguridad jurídica, reglas claras y créditos baratos; 7) desconocimiento de la lucha de Elisa Carrió y Fernando Solanas por promulgar la ley de asignación universal por hijo ante la indiferencia gubernamental; 8) desconocimiento de la burla a los adherentes a las AFJP cuando luego de la consulta que se les hizo se legisla en sentido contrario al resultado. Ocultamiento de la falta de control estatal sobre las comisiones cobradas que se denuncian cuando conviene y se hace la vista gorda cuando no conviene, más aún si compran bonos del Estado para financiar el déficit de caja del Gobierno. Distracción de la opinión pública cuando se acusa a las administradoras de los fondos de usar los aportes con fines especulativos, para luego de la estatización aprovechar las inversiones hechas con anterioridad y sentarse en los directorios de las grandes corporaciones como par societario; 9) desconocimiento del negocio con el grupo Eskenazi, que es invitado como representante ilustre de la burguesía nacional aunque ajeno al ramo para luego defenestrarlo por vaciar junto a Repsol la empresa petrolera; 10) uso extraño de la entidad bancaria de la que nunca se sabe qué reservas genuinas tiene, para qué las usa y por qué siempre le sobra tanto a la vez que le falta tanto. Se ufana de los depósitos en dólares a la vez que impide su circulación; 11) déficit ingente en la aerolínea nacional, baja productividad, conflictos permanentes, uso de la caja con fines políticos; 12) desconocimiento de que la promulgación de una ley que defiende los derechos de las minorías es el resultado ante todo de sus luchas durante años; 13) desconocimiento de resoluciones de la Corte como la reincorporación del procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa; 14) desconocimiento de la baja calidad educativa en el país, de la deserción escolar, de la falta de actualización de los programas educativos; 15) la reincorporación de científicos que vuelven al país por las consecuencias de la crisis europea debería complementarse con una política de desarrollo y con una educación destinada a los jóvenes en disciplinas científicas. Nuestras facultades preferidas siguen siendo las de Derecho, con un auge en Ciencias de la Comunicación, y otras que tienen que ver con lo que el presidente Mujica del Uruguay llama “biri biri” (chamuyo); 16) la Ley de Medios se ha convertido en una cruzada contra una empresa beneficiada por el gobierno kirchnerista. Es el mismo caso que YPF, un beneficiario mediante un arreglo sospechoso se convierte en un denostado enemigo. El Gobierno muestra que en tanto ocupante de medios públicos los usa como canales de propaganda oficial y de censura por medio de exclusiones y listas negras de los no adherentes a su política; 17) el voto adolescente irrumpe en la opinión pública con el vértigo de otras medidas de gobierno en el momento en que se multiplican las críticas a la política educativa por la deserción de casi el 50% en la escuela secundaria. La respuesta es la fuga hacia delante con el fin de disimular el abandono de la juventud en el estudio y la formación profesional, por una supuesta inclusión en la contienda electoral que posibilita la intervención de organizaciones para formar al que llaman el “militante”; 18) la tradicional generosidad argentina en materia de inmigración no debería desconocer el denunciado trabajo esclavo en talleres de todo el país, la paga en negro en la construcción y otras ramas de la industria, y las condiciones de vida de los extranjeros, además de los canales diversos que aprovechan esta apertura para el narcotráfico; 19) el reconocimiento al gobierno boliviano por su política de reivindicación étnica y popular no debería mezclarse, por razones de ideología populista, con las nuevas oligarquías estatales y la persecución de disidentes que se llevan a cabo en países como Venezuela y Cuba.

Dejaré de lado la discusión entre los aspectos positivos para unos y los inconvenientes que acarrea para otros la no represión de los cortes de calle, la ocupación irrestricta de la vía pública por las manifestaciones callejeras, la diferente interpretación sobre el ejercicio de los derechos de cada uno y los límites y las facultades de la autoridad pública; tampoco profundizaremos sobre el funcionamiento de las organizaciones sociales. Por un lado se sostiene que esa permisividad es una conquista popular, como también lo es que la ayuda social deba pasar por entidades autónomas que se representan a sí mismas a través de sus líderes. El debate sobre el clientelismo o sobre el poder de intimidación que pueden tener esas organizaciones una vez que se ponga en cuestión su jerarquía, sus recursos provenientes del poder y la transparencia de su funcionamiento, forma parte de tantas otras cuestiones que son materia de opinión si esto fuera posible.

Conclusión. Las recién nombradas no son verdades ni son mentiras, son materia de un debate político que en nuestro país es imposible llevar a cabo. ¿Por qué? Porque para debatir son necesarios al menos dos interlocutores dispuestos tanto a convencer como a ser convencidos. Cuando la cultura política fomenta la demonización del adversario, su exclusión del espacio de la controversia por ser neoliberal, menemista, procesista, de la corpo, al servicio de la nueva derecha, o en historias recientes: subversivo, zurdo, comunista, nihilista, terrorista, hasta escéptico o indiferente frente a valores sacros, cuando esto sucede no se discute nada.

Aquellos que hablan de que la política es conflicto y no consenso no saben lo que dicen, porque conflicto y consenso son las dos caras de una misma moneda, es la efigie labrada de la democracia republicana. En lugar de un espacio de debate en el que se reconocen aspectos de una realidad política como otros que se critican, se traza un universo sagrado con sus héroes, sus mártires o víctimas, sus fábulas, sus enemigos, en una cultura que nace en la Inquisición por la que sólo importa exterminar a los herejes cismáticos, a los traidores a la patria, a los cipayos, y proteger a la santa veneración.

Este gobierno se presenta como redentor. No difiere de todos los conocidos que se presentaban con el nombre de revolución, reconstrucción, reorganización, refundación, es decir: antes la nada, ahora todo, antes el desastre total, ahora la victoria final.

Se cumplen 29 años del inicio de la democracia en la Argentina, y sabemos que el gobierno de Alfonsín puede ser adjudicatario de logros perdurables como la conformación del Mercosur, la paz con Chile, la convocatoria del grupo Cartagena para unir a los países deudores y negociar la deuda externa en un frente común, el divorcio conyugal o la patria potestad compartida, un plan nacional de alfabetización que bajó en un cuarenta por ciento el índice de analfabetismo, su lucha solitaria contra la Sociedad Rural, la Iglesia, la dirigencia sindical, la cúpula y la oficialidad del Ejército, etc., además del Juicio a las Juntas y la apertura de la universidad democrática. Tuvo muchos errores, y fracasos, pero también logros importantes. Incluyo el proyecto del traslado de la capital al sur del país, que no sólo no era una idea ridícula sino indispensable.

Carlos Menem, el denostado y tantas veces votado, que si se hubiera presentado en el ‘99 es posible que hubiera ganado otra vez como lo hizo en 2003, recuperó la moneda y el poder del Estado sobre la economía en momentos en que había una inflación de un par de miles por ciento anual y una pobreza que llegaba a casi a la mitad de la población. Para no hablar de las privatizaciones de empresas del Estado festejadas por todos los que hoy nos gobiernan. Por supuesto, los aspectos esta vez macabros de su gestión no son olvidables ni disculpables, pero el todo o nada de su período está hecho para comodidad de quienes prefieren esconder sus responsabilidades y enseñorearse en el trono como salvadores.

Hasta podríamos hablar de De la Rúa, que no fue más que una continuación de Menem atrapado como estaba por una deuda impagable y un déficit estructural sin posibilidad de financiamiento. Las coimas del Senado son monedas comparadas con la corrupción sistémica que nos es familiar y que recibe la tolerancia de fiscales a destajo para desenmascarar adversarios políticos en beneficio propio. Claro que el default era la solución a la vez que una catástrofe, y lo fue, como fue catastrófica la devaluación tan temida.

Pregunta sencilla: ¿qué habría pasado en la Argentina de proseguir los precios internacionales de las materias primas como en la década del 90? ¿Quién nos gobernaría hoy? ¿En qué condiciones? ¿Con qué libertades?

La festejada presencia de la política en la mesa de los argentinos no ha hecho más que comenzar a callarnos la boca. La separación entre amigos, los litigios familiares, el hartazgo de algunos, la bronca desmedida de otros, el insulto y la difamación, son la antesala de cuestiones peores para lo que aún se llama libertad de expresión. Hay gente que ya prefiere no hablar para que no se arme una batahola; otra no lo hace para no ser identificado con personajes o ideas que él también repudia pero que en un ambiente de denuncia, espionaje –en el que se privilegia quién se es y a quién se adhiere antes de qué se piensa y qué se hace– se encuentra marcado y debe replicar ad infinitum para desarticular infundios.

Se produce en la Argentina un clima que se ve en países en los que imperan gobiernos que exigen lealtad incondicional. Ningún empleado del Estado, en ninguna función, se atreve a criticar una política por temor a ser despedido o arrinconado. Por lo que el sistema de vigilancia se refuerza, y los cancerberos en función de comisarios del pueblo ajustan la supervisión y hacen sus listas.

Esto no es política, es prepolítica, es régimen administrativo y policial; la política comienza cuando todo esto termina.

(*) Filósofo

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