 |
| Por Marcelo Ramal |
Convalidar esta nueva hipoteca contra el país era lo que
reclamaban al unísono los economistas de Macri, Duhalde y Carrió. Todos ellos
–junto a la Unión Industrial- saludaron la declaración de “buena voluntad” del
gobierno argentino hacia los especuladores.
El fallo “suspensivo” abre un lapso de tres meses de
negociaciones entre el gobierno y los fondos especulativos. En ese lapso, la
justicia americana descuenta una derogación consensuada de la “ley cerrojo”,
que clausuraba cualquier arreglo de la deuda impaga con los fondos buitres. Los
diputados y senadores del PRO, la UCR, Binner y el duhaldismo ya anticiparon su
apoyo a esa derogación. O sea que el
Congreso sesionará por cuenta y orden de los tribunales de Nueva York, en la
búsqueda de un nuevo compromiso con los acreedores internacionales.
Los litigantes que obtuvieron el fallo favorable de Griesa
sólo detentan el 10% de la deuda que no se avino al canje. Más temprano que
tarde, los otros acreedores “buitre” se presentarán ante Griesa. En esta
negociación tutelada por la justicia norteamericana, estará en danza una
hipoteca de otros 12.000 millones de dólares contra el país, que es el total de
la deuda impaga a los fondos buitre.
La mano de la Reserva
Federal
No es un secreto que, para suspender el fallo de Griesa, el
gobierno argentino contó con el espaldarazo de una fracción del capital
financiero y de la propia Reserva Federal. Hasta Anne Krueguer, la ex funcionaria
del FMI que “apretaba” a la Argentina años atrás, se colocó del lado
´nacional´. Naturalmente, querían salvar el pago integral del cupón PBI a los
bonistas que aceptaron el canje, sin la detracción que el juez Griesa pretendía
sancionar en favor de los “buitres”. Pero la orientación estratégica de ese
bloque es forzar, más temprano que tarde, a una normalización integral de la
deuda argentina. Al tiempo que llamó a “interpretar correctamente la cláusula
del tratamiento igualitario a los deudores”, la administración Obama reiteró
“el llamado a superar la situación de la deuda (argentina) en todos los
frentes”. (La Nación, 28.11). En la cola de esta exigencia de ¨normalización
económica¨, está la deuda con el Club de París, la que acumulan los juicios de
las privatizadas ante el tribunal del Banco Mundial (CIADI) y un resarcimiento
al vaciador Repsol por la expropiación de YPF.
En cualquiera de sus variantes, el arreglo de deuda que el capital financiero
pretende imponer a Argentina -y que el kirchnerismo está concediendo- coloca en
completa crisis la orientación económica oficial, que consiste en amarrocar
dólares para responder a la deuda externa y pagar la colosal factura de la
importación de combustibles. En previsión de esa carga adicional, el gobierno
está adobando a los pulpos petroleros con tarifazos, para que el fisco y las
reservas internacionales respondan a los nuevos compromisos de deuda.
“Desendeudamiento”
Si el FMI, la Reserva Federal y los fondos que entraron al
canje le han concedido un respiro a la Argentina, ello ha sido a cambio de
colocar al país como completo rehén del capital financiero y de sus jueces, a
quienes el kirchnerismo le otorgó la jurisdicción extranacional de los arreglos
de la deuda.
Se ha derrumbado uno de los pilares del ´modelo´oficial: la renegociación
“inteligente”, “nacional y popular” de la deuda externa argentina.
A siete años del “megacanje” de Kirchner-Lavagna, la deuda
pública aumentó en 52.000 millones de dólares, y ya se ubica en los niveles de
2001/2002. La cláusula especial que
premia a los acreedores con el crecimiento de la economía -bonos atados al PBI- ha terminado
reduciendo a la mínima expresión la “quita” del año 2005. A todas estas hipotecas, se añadiría ahora la
que resulte de un nuevo arreglo con los fondos buitre.
Los pagos a los acreedores externos han sido reemplazados
por una deuda creciente con el Anses y el Banco Central. Pero precisamente, el
eslabón más débil de esta nueva crisis de deuda son los títulos en pesos y “con
jurisdicción local” que el gobierno le ha enchufado compulsivamente al fondo de
garantía del Anses. En sólo veinte días, la caída de los bonos argentinos
despojó al Anses de 5135 millones de pesos, que equivalen al haber mínimo de
2,7 millones de jubilados. Aún antes de cualquier pago adicional a los
usureros, la nueva crisis de deuda se ha cobrado esta confiscación.
El gran capital y la oposición tradicional de Argentina se
han subido al carro de Griesa para empujar a esta “normalización” exigida por
el capital financiero. El socialista Binner se ha puesto a la cabeza de esta
presión antinacional. Ante este pacto político contra el país y sus
trabajadores, planteamos la suspensión del pago de la deuda externa usuraria y
el rechazo a los nuevos arreglos que procura el gobierno K, y que configurarían
un nuevo desfalco a las reservas internacionales. Planteamos el desconocimiento
de las cláusulas coloniales que atan los arreglos de deuda a jurisdicciones
extranjeras y la nacionalización de la banca. Cristina Kirchner ha hecho un
nuevo y estéril llamado al Unasur, que ya ninguneó a la Argentina en la cuestión
de la Fragata. En oposición a esta orientación, planteamos una conferencia
internacional de organizaciones obreras y antiimperialistas del continente,
contra el rescate del capital financiero a costa de los explotados.
© Prensa Obrera
0 comments :
Publicar un comentario