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| El Gobierno nacional ordenó la evacuación de los tripulantes de la Fragata Libertad. |
La comunicación oficial aseguró que la Justicia de Ghana aspira
a que "un país soberano" negocie "con una entidad dedicada a la
piratería financiera desde su guarida fiscal en el Caribe" y que el hecho
que retiene a la nave insignia de la
Armada es "un secuestro, una extorsión y un acto de
piratería" contra la
Argentina.
"La presidenta Cristina Fernández ha decidido evacuar
en forma inmediata a la totalidad de los tripulantes argentinos y no argentinos
a fin de preservar su integridad y dignidad dejando a bordo únicamente al
Capitán y una dotación mínima necesaria para atender a la fragata",
reportó el Palacio San Martín en un comunicado.
El texto indicó que el canciller Héctor Timerman presentará
el caso el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU , y que "la Argentina hace
responsable al gobierno ghanés de todo y cada uno de los daños que sufra la
fragata Libertad hasta su liberación y de todos los perjuicios ocasionados por
un acto ilegal y violatorio de las normas internacionales".
"El fallo de la Justicia de Ghana que ordena la detención de la
fragata Libertad no sólo es violatorio de los Tratados Internacionales que
obliga a la República
de Ghana a garantizar la inmunidad de los buques de guerra sino que además ha
colocado en riesgo los derechos humanos de los 326 tripulantes que se
encuentran a bordo, entre ellos ciudadanos de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay,
Venezuela, Ecuador, Bolivia y Sudáfrica", advirtió la Cancillería.
El Palacio San Martín subrayó que "en su sentencia el
juez ha prohibido la provisión de combustible a la Fragata. Esta
prohibición impediría el funcionamiento de los generadores de energía, que a su
vez abastecen la cocina, cámaras frigoríficas que preservan los alimentos,
baños, duchas, agua corriente y luz eléctrica". "Aún más grave es que
el desabastecimiento de combustible dejaría sin efecto el sistema de lucha
contra incendios, las bombas de achique si se inunda el barco e impide el
control de averías", reprochó el comunicado oficial.
El juez que interviene en la causa es Richard Adjei
Frimpong, del Tribunal de Comercio de Accra, capital del país africano, quien a
comienzos de mes rechazó el planteo nacional para que se libere a la
embarcación, al tiempo que la
Casa Rosada se negó a pagar una caución de 20 millones de dólares
para lograr la liberación del buque y sus tripulantes.
El fondo que litiga contra la Argentina y consiguió
que se trabe el embargo es NML Capital Limited, de Eliot Management, que exige
370 millones de dólares entre capital e intereses, por títulos en default tras
la crisis de finales de 2001, bonos soberanos que el "fondo buitre",
según la terminología utilizada por la Cancillería , rechazó canjear durante dos
operatorias instrumentadas por el Gobierno en 2005 y 2010.
"La única respuesta del juez ante el pedido argentino
que contemple las posibilidades de una tragedia y la imposibilidad de contar
con los elementos básicos de todo ser humano fue que lleguemos a un acuerdo con
el fondo buitre que ha presentado la demanda. Queda claro, entonces, la intención
del juez de obligar a un país soberano a negociar con una entidad dedicada a la
piratería financiera desde su guarida fiscal en el Caribe", fustigó el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Y remarcó: "Esa opción es la única
inaceptable para la Argentina ".
"La actitud del Poder Judicial del Estado de Ghana deja
en evidencia el verdadero transfondo de la operación. Un acto que 'a prima
facie' parecía un embargo comercial se le ha caído la careta y deja ver el
verdadero rostro del poder de los fondos buitres que desde sus guaridas
fiscales organizan un ataque que no es ni más ni menos que un secuestro, una
extorsión y un acto de piratería" contra la Argentina , añadió la
información.
El Palacio San Martín aseguró que "ni el juez, ni los
fondos buitres, ni sus socios argentinos lograrán torcer la decisión de un
pueblo y su gobierno de rechazar las extorsiones a las que se nos quiere
someter".
Informe: Agencias
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