Por Enrique Szewach |
Y esto es así pese a que desde hace años tenemos una
inflación anual de dos dígitos que empiezan con 2, porque mientras esta elevada
inflación convivía con crecimiento económico, el Gobierno pudo “vender” el
falso dilema de que la inflación es un costo a pagar para crecer y mantener el
pleno empleo. Pero, ahora que la economía no crece ni genera empleos, le cuesta
más sostener este discurso, mientras que aquellos que compensaban el impuesto
con ingresos provenientes de sus ahorros tampoco pueden en esta instancia
“defenderse”, dadas la tasa negativa y la dificultad para atesorar dólares.
Sin embargo, el Gobierno ha decidido seguir usando el Banco
Central y el impuesto inflacionario para financiar un gasto público creciente y
concentrado en metas políticas.
Para evitar que los tenedores de pesos eludan dicho impuesto
se prohíbe vender esos pesos para atesorar cualquier otra moneda. En ese
sentido, la “pesificación forzada” no es más que una “estafa” disfrazada de
batalla cultural.
Pero, como no podía ser de otra manera, un contexto en el
que conviven una inflación elevada, diferentes grados de indexación, subsidios
al consumo de ciertos bienes y servicios, controles de precios, restricciones a
la importación, etc., genera un esquema de “impuestos inflacionarios
diferenciales”, dependiendo de la particular situación de cada uno.
Los salarios del sector sindicalizado, en especial los más
bajos, más o menos se ajustan con la inflación real –aunque algún costo
inflacionario se paga, dado el rezago que tienen los aumentos paritarios–. Es
decir, pagan un impuesto inflacionario relativamente bajo si se tiene en
cuenta, además, que utilizan escuela pública, o privada subsidiada, salud
pública o a través de las obras sociales sindicales, transporte subsidiado, energía
subsidiada y alimentos y bebidas con cierto grado de control de precios.
Los sindicalizados con salarios más elevados pagan más
impuesto inflacionario, dado el retraso en la actualización del mínimo no
imponible del impuesto a las ganancias, y por el hecho de que consumen en su
canasta bienes y servicios con menos componente de subsidio en sus precios
(esparcimiento, educación privada, transporte privado, etc.). Los trabajadores
no sindicalizados de bajos ingresos, por su parte, no pueden indexar sus
salarios, pero consumen servicios subsidiados, de manera que también pagan un
impuesto inflacionario diferente.
Los jubilados, a
partir de la movilidad legal de sus haberes, pagan menos impuesto
inflacionario, aunque su nivel de ingresos tiene un punto de partida –en
general– tan bajo que el aumento “no luce”, y además consumen bienes y
servicios con relativo menor componente de subsidios, en particular en el área
de la salud y la vivienda.
Finalmente, hay que considerar a empresarios, profesionales
o cuentapropistas con ingresos más altos, que pagan más o menos impuesto
inflacionario dependiendo del mercado en que actúan, de su capacidad para fijar
precios o trasladar costos, y del grado de consumo de servicios subsidiados.
Asimismo, como se mencionó, todos los que tienen cierta capacidad de ahorro
sufren el deterioro de los mismos en términos reales al no poder atesorar en
moneda extranjera.
Como se puede apreciar, sólo con estos ejemplos parciales la
inflación no es la misma ni afecta por igual a todos los ciudadanos. Y ésa es
la apuesta “política” del Gobierno. Mantener un elevado impuesto inflacionario,
en promedio, pero afectando “diferencialmente” al padrón electoral.
Favoreciendo a sus votantes –el próximo año puede elevar el mínimo no imponible,
y/o actualizar más los subsidios directos–. Y haciéndoles pagar más a los que
no lo votan, considerando que éstos se mantendrán divididos en un amplio,
desordenado y atomizado espectro opositor.
Si, además, en el 2013 hay algo de crecimiento, a lo mejor
capta algunos votos que hoy se han ido, volviendo al falso argumento de
inflación vs. crecimiento.
Pero, desde la economía, el riesgo que se corre es enorme.
Mantener la droga de la inflación acumulándose en el cuerpo económico por tanto
tiempo, distorsionando precios e ingresos relativos, siempre termina mal.
© Perfil
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