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| Por Jorge Altamira |
En una mesa sobre “el genocidio”, hace tres años, en el
auditorio de la Facultad
de Derecho, interpelé a Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte , acerca de por qué ese
tribunal no recuperaba la jurisdicción nacional para “la deuda externa” de
Argentina. La callada por respuesta puso de manifiesto la condición colonial
del país. El ‘status’ de Malvinas domina el núcleo de relaciones
internacionales de Argentina; la Fragata Libertad fue secuestrada, a pesar de que,
al igual que una embajada, equivale para el derecho internacional a un
territorio nacional.
Aunque el gobierno denuncie correctamente que se trata de un
acto de piratería, no se puede omitir que, en los últimos días, como
consecuencia de la decisión de Capitanich de pagar en pesos la deuda dolarizada
de la provincia, el mismo gobierno nacional ha ratificado los derechos de los
piratas, al insistir en que seguiría pagando la deuda internacional de
Argentina de acuerdo con lo establecido por las leyes, normativas y tribunales
extranjeros -en resumen, Nueva York y Londres, la capilla Sixtina de los fondos
buitres. Ghana, el país predador, está lejos de ‘rankear’ con los países del
‘eje del mal’, porque ocupa el segundo lugar en el Indice de Estado de Derecho,
en la Africa
sub-sahariana, del Proyecto de Justicia Mundial 2011 (Financial Times, 20/10),
aplica las normas de la jurisdicción que reconoce Argentina.
Para Jorge Castro, columnista de Clarín, el secuestro de la Fragata Libertad
demostraría que “para la comunidad internacional, Argentina sigue siendo un
país en ‘defol’”. El Financial Times, que recoge el planteo, añade que “Las
cortes de justicia de Estados Unidos y el Reino Unido han reconocido reclamos
por 1.600 millones de pesos a favor del fondo NML…”. La réplica de un Estado
soberano a este atropello debería ser la nacionalización de la jurisdicción de
la deuda externa y la suspensión indefinida de su pago -por lo menos hasta que
se verifique su legitimidad, intensamente cuestionada. Los nac&pop no han
cuestionado legalmente siquiera que la deuda externa sea una acumulación de
intereses sobre intereses.
Argentina obtuvo la aceptación del 96% de los acreedores
cuando renegoció la deuda en ‘defol’, en 2005, con excepción de la contraída
con el FMI, el BID, el Banco Mundial y, controvertidamente, el Club de París,
que alegan que los organismos oficiales no aceptan quitas. Los que quedaron
afuera (‘hold out’) del acuerdo (4%), lo hicieron a sus expensas, porque no
habría sido posible otorgarles ventajas sobre los demás. Es precisamente en
estos términos que se renegoció la deuda de Grecia (un 50% de quita, aproximadamente)
a principios de año, donde no se aceptó que ningún acreedor privado ‘quedara
afuera’ -una condición exigida por el FMI y el BCE, que además impusieron el
cobro de la totalidad de los créditos otorgados por ellos.
El planteo del arco patronal antiK es muy ilustrativo,
porque reclama que el gobierno argentino rescate a la fragata por medio del
pago de la fianza que estableció el juez ghanés. A la ‘dignidad’ de la fragata
planteada por los opositores, CFK le opuso la ‘dignidad’ del país -que es, en
realidad, la de su gobierno. Estamos ante una pelea típica de los súbditos ante
un atropello imperial. El ejemplo más claro de esta conciencia colonizada ha
sido la disputa adentro del gobierno, para cargar el muerto del secuestro a la
oficina que autorizó el atraco en Ghana. La carnicería interna ante el
atropello imperial fue encabezada por Horacio Verbitsky, quien busca operar
como el Rasputín de la zarina. La derecha quiere ‘pagar’, esto porque su
política es “volver a los mercados internacionales”; los K se oponen, porque la
de ellos es valerse de la pesificación para licuar la deuda pública con la Anses y el Banco Central, y
confiscar a jubilados y contribuyentes, incluida la posibilidad de un
‘rodrigazo’. Después de recordar el arrojo del grupo encabezado por el futuro
montonero Dardo Cabo, en el aniversario de su desembarque simbólico en Malvinas
(1966), los K han tenido que tomar un avión de línea para implorar la
solidaridad de Ban Ki Moon (el secretario general de la ONU , que tuvo que hacer
Córdoba-Buenos Aires en bañadera, debido a las cenizas sureñas).
El conventillo jurídico está enfrascado, en este momento, en
determinar la admisibilidad del ‘per saltum’ (recurso directo a la Corte ) para obtener una
declaración de vigencia de la ley medios y desplumar a la Corpo Clarín. Se
podría aprovechar la bolada para que la Corte anule la jurisdicción extranjera en materia
de deuda contraída por el Estado nacional, y que el gobierno suspenda por
tiempo indefinido el pago de la deuda externa.
De lo contrario, como hay que esperar, el secuestro de la Fragata Liberad
será otra evidencia del naufragio nac&pop.
© Prensa Obrera
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