Imágenes de un pasado que no debe volver

Por Luis Gregorich

Allí estaban, como figuras de una vieja e inquietante escenografía, los hombres de uniforme, pertenecientes a la Prefectura y a la Gendarmería, manifestando su ruidosa disconformidad por una absurda rebaja de sueldos. ¿Quién era el responsable de este obvio error? ¿La burocracia administrativa de cada fuerza? ¿Un decreto firmado por la Presidenta y por la ministra de Seguridad? ¿O algún oscuro interés desestabilizador?

Es cierto que los virtuales amotinados proclamaron en todo momento su claro compromiso con la democracia. Se trataba, simplemente, de un planteo sindical por parte de quienes no pueden estar sindicalizados. Integrantes de las fuerzas de seguridad, instituciones verticales por excelencia, deliberaron sin tener derecho a deliberar.

Tenían razón, pero se vieron obligados a utilizar caminos vedados para demostrarlo. Y recibieron algunas sospechosas adhesiones. No hay duda de que el sistema de pagos no remunerativos (es decir, en negro) es una pésima práctica gubernativa, que debería ser gradualmente eliminada.

La creciente inseguridad que vivimos hace especialmente sensible la gestión de las fuerzas que el Estado democrático destina para protegernos.

Deben ser retribuidas con salarios dignos y estables, que estén en relación con los riesgos que corre su integridad física y los desarreglos sociales y familiares que puede implicar la índole de su tarea.

Por eso deben ser condenadas sin vacilar, en este episodio, las torpezas del Gobierno, que no se solucionan con el simple trámite del cambio de cúpulas. La ministra Nilda Garré y el secretario del área, Sergio Berni, deberían reflexionar acerca de su papel en esta pequeña crisis.

Hay dos tentaciones que deben ser desechadas drásticamente. Una, quizá la más importante, es negarse a juzgar al conjunto de las fuerzas de seguridad por el pasado dictatorial y atender racionalmente sus reclamos, como los de cualquier otro sector de la sociedad. La otra, más infrecuente, pero igualmente peligrosa, es la de los nostálgicos de los viejos tiempos, que se ponen contentos apenas ven a un grupo de uniformados protestando en las calles.

Los que tenemos más que suficiente edad para recordar nos estremecemos cuando escuchamos ruidos de armas, aunque estén bien enfundadas, en nuestras ciudades. Dentro de la democracia y la ley todo está permitido, incluso la protesta de los que no deberían protestar, incluso la deliberación de los que no pueden deliberar. Pero nada, por favor, fuera de la democracia y la ley, nada al margen del frágil y a la vez consistente compromiso que hemos contraído en 1983.

Hay que apoyar, en ese sentido, los acercamientos y las actitudes compartidas de Gobierno y oposición en el Parlamento. Habrá tiempo para que la oposición critique duramente al Gobierno y para que el Gobierno se despache a gusto con la oposición.

Debemos, mientras tanto, hacer un esfuerzo de unidad al menos por esta vez y juramentarnos para que la democracia, instrumento concreto de la convivencia, no resulte ni mínimamente vulnerada.

© La Nación