Tras haber caído las internas de la Unión Cívica Radical (UCR) de
Salta, tal como informaron los diferentes medios de la provincia, la
presidenta, con mandato extendido hasta el 29 de este mes, Ana María Hernández hizo llevar a cabo un proceso electoral no
autorizado en el Comité Departamental de Cafayate por lo que fue denunciada por
la senadora provincial Silvina Vargas.
Cabe recordar que el proceso electoral había caído por la
renuncia de cuatro de los cinco miembros de la Junta Electoral , dimisión que
había seguido a las renuncias de candidatos de las dos listas participantes
hasta ese momento, “Radicales Unidos”, que encabezaba Hernández y la que conducía
Miguel Nanni, “Radicales por la
Gente ”.
Los dirigentes que retiraron sus postulaciones en ambas
listas lo hicieron “cansados del manoseo” y en total desacuerdo con las
negociaciones que habían encarado Hernández y Nanni, buscando una supuesta “lista
unidad”, sin consensuar con los otros sectores.
Luego de ese retiro de candidaturas, la mayoría de los miembros de la Junta Electoral
decidió dimitir, haciendo que este cuerpo ya no pudiera reunir el quórum
suficiente para tomar ninguna resolución, por lo que todo el proceso interno ya
no se pudo llevar adelante y el partido quedó en virtual estado de acefalía.
Hay que destacar que los miembros de la Junta Electoral son designados por
la Convención
partidaria, lo mismo que sus reemplazantes. Esa convención estuvo intervenida y
tras nombrar a los integrantes de la
Junta , terminó el cometido por lo que, ante la renuncia de
esos mismos miembros, no existe autoridad partidaria que pueda designar
reemplazantes.
Sin embargo, Ana
María Hernández tomó para así esa atribución, y designó a los reemplazos y a
dos veedores para las internas de Cafayate, asegurando que esta decisión había sido avalada por el presidente del Comité Nacional,
Mario Barletta.
En esa localidad, según la denuncia de la senadora Vargas,
se hicieron abrir dos mesas en la escuela Zuviría y se llevó a votar a varios menores
de edad, además de haber cometido la principal irregularidad de realizar un
proceso electoral que había caído. La denuncia se efectuó ante la Policía cafayateña para
que se eleve a la Justicia Electoral.
Esta semana, luego del feriado nacional de este lunes, el
resto de la dirigencia que había retirado sus postulaciones en ambas listas, hará
una denuncia ante el Juzgado Electoral avalando la de Vargas por lo acontecido
en Cafayate pero, además, insistiendo en la caída de todo el proceso interno y
ratificando que Ana María Hernández, asumió un papel para el que no tiene
atribuciones y que le está específicamente prohibido por la Carta Orgánica partidaria
provincial, como es el de la designación de los miembros de la Junta Electoral.
Además, la propia Hernández exhibió “una notoria incompatibilidad ya que, además de ser cabeza de una lista,
asumió la facultad de designar una junta que actuó a favor de su propia lista”,
según dijo un dirigente radical quien dijo que Hernández “busca que esa Junta afín la consagre por otro mandato como
presidenta, es decir, ella actúa como juez y parte”.
Una vez más, toda la situación interna del radicalismo
salteño parece tener el destino de la judicialización o de la intervención
nacional. Cualquiera de las dos salidas puede afectar seriamente la
credibilidad de este partido ante la opinión pública.
Informe:
www.agensur.info
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