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| Por Edgar Mainhard |
Por lo tanto, una Administración sospechada de
comportamientos reñidos con la libertad de expresión resulta que puede impedir
cualquier intervención/declaración legislativa a favor de denunciantes
damnificados.
Las comisiones vinculadas a la Libertad de Expresión
deberían permanecer habitualmente con mayoría de la minoría parlamentaria, en
una situación de alguna forma parecida a la Auditoría General
de la Nación. En
un Estado más o menos confiable, garantizaría una mayor tolerancia o
sensibilidad acerca de un valor esencial para la continuidad de la democracia
representativa.
En la Cámara
de Diputados, es una comisión de 31 legisladores, que preside Mónica Edith
Gutiérrez (Córdoba/Frente para la
Victoria ). Hay que redefinir su vicepresidente 2do. que,
hasta la fecha, era Martín Sabbatella (Buenos Aires/Nuevo Encuentro), un aliado
del Frente para la Victoria
y que acaba de ser designado presidente de la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Sabbatella es quien deberá
ejecutar el plan de Cristina Fernández de Kirchner a partir del sábado 08/12 y
días subsiguientes.
Con el apoyo de Sabbatella y de Graciela Navarro (Santiago
del Estero/Frente Cívico por Santiago), el oficialismo controla la comisión.
En el Senado la situación es parecida: una comisión de 17
legisladores, que preside la senadora nacional Liliana Beatriz Fellner
(Jujuy/FpV), hermana del gobernador Eduardo Fellner, vinculado a Néstor
Kirchner desde 2003 cuando fue el jefe de campaña presidencial para el Partido
Justicialista, en un grupo que comandaba Alberto Fernández como coordinador
general.
En el Senado, con el voto de la senadora nacional Maria Rosa
Diaz (Tierra del Fuego/Nuevo Encuentro aunque fue elegida por el ARI o
Afirmación para Una República Igualitaria), el oficialismo controla la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
En la
Comisión hay al menos 3 senadores opositores que tienen una
mayor vinculación que otros con la libertad de expresión:
> Eugenio Justiniano Artaza (Corrientes/UCR),
> Norma Elena Morandini (Córdoba/Frente Cívico), y
> María Eugenia Estenssoro (Ciudad de Buenos
Aires/Coalición Cívica).
Cualquiera de los 3, o los 3 (Artaza, un hombre que ha
incursionado en el humor político, y Morandini y Estenssoro, quienes ejercieron
el periodismo profesional), deberían interesarse por al menos conocer -más allá
de cuestiones personales sobre uno o cualquiera de los imputados- los detalles
de una causa judicial en la que se procesa a algunos periodistas por
encubrimiento, una acusación bastante curiosa existiendo en la profesión
periodística una cuestión de carácter casi religioso llamada "secreto de
la fuente".
En esa comisión, además, participa Aníbal Fernández (Buenos
Aires/Frente para la Victoria ),
quien inevitablemente quedará vinculada a la causa en trámite durante las
instancias de apelación (el otro responsable, probablemente el más importante de
todos, Néstor Kirchner, se encuentra muerto y no podrá dar cuenta de las
instrucciones que realizaba ordenando interferir correos electrónicos,
conversaciones telefónicas, etc., tareas que desempeñaba personal especializado
de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria).
En Diputados, una lástima que Patricia Bullrich, quien tiene
una licenciatura en Comunicación Social, no integre la Comisión de Libertad de
Expresión. Pero de todos modos hay legisladores aparentemente comprometidos con
ese principio republicano; entre otros, Francisco Omar Plaini (Buenos
Aires/FpV, dirigente sindical de los vendedores de diarios y revistas); Paula
María Bertol (Ciudad de Buenos Aires/PRO), quien se interesa mucho por los
temas de medios de comunicación, al igual que Gerardo Fabián Milman (Buenos
Aires/GEN, que participa del Frente Amplio Progresista y vicepresidente 1ro.
del grupo de trabajo legislativo).
Otro ámbito que debería interesarse en el debate sobre
secreto profesional y fuentes es la Academia Nacional
de Periodismo, que preside Lauro Fernán Laíño, secundado por Hermenegildo
Sábat, Magdalena Ruíz Guiñazú y José Ignacio López.
¿Y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que preside
Fabio Ladetto, del diario La
Gaceta , de San Miguel de Tucumán; secundado por Fernando
Ruiz, de la
Universidad Austral ?
No se trata de darle la razón a nadie sino de debatir una
cuestión de índole profesional de importancia crítica en el ejercicio de la
tarea.
Resulta por lo menos curiosa la idea de una jueza federal
que considera que los periodistas no solo deben confirmar la veracidad de una
noticia sino conocer cómo pudo haberla obtenido una fuente, publiquen o no
publiquen, y deberán denunciar cuando hubiere algo incorrecto. El mero hecho de
tomar conocimiento ya es un delito en sí mismo.
Se plantea así una grave contradicción: si el mero hecho de
tomar conocimiento ya es un delito en sí mismo, ¿cómo evitar cometer el delito
sin tomar conocimiento de una información y, al menos, verificar su veracidad?
La jueza interviniente pretende, en el ejercicio cotidiano
del periodismo la aplicación de algo así como el régimen “Conozca a su cliente”
vigente en las prácticas bancarias y cambiarias a partir de la Patriot Act y sus
derivaciones, después del 11-S en USA (2001) y su influencia sobre las normas
del GAFI. En lo personal, lo considero un absurdo y me niego a aceptarlas como
una imposición, motivo por el cual apelo el fallo de la magistrada.
¿Acaso se pretende que la única fuente de un periodista
profesional sean las gacetillas de prensa y las declaraciones oficiales en un
país donde reina el ‘off the record’? Insólito y peligroso.
Hay otras cuestiones muy graves en lo que hace al ejercicio
de la libertad de prensa.
Por mi sola condición de periodista profesional, la jueza
considera que actué “con ánimo de lucro”, exigiendo por lo tanto un
agravamiento de la pena. ¿Dónde estaría el producido del lucro? En mi
estipendio como periodista profesional.
Más allá de que ya escribí, al reivindicar a Wikileaks, que
no creo en el secreto de Estado, me parece una herramienta que utiliza el poder
político para dominar la agenda de la sociedad, es interesante conocer la
violación de los secretos oficiales de Estado que se me imputan.
Es claro que lo que se busca con esta causa no es más que
callar la prensa independiente, y prueba de ello, es que se persigue a quienes
efectúan publicaciones que no son del agrado del poder. Ello se prueba al
analizar la imputación que se me hace de haber recibido correos electrónicos
interceptados a Fabián Gutiérrez, secretario privado de la Presidencia de la Nación. Era lícito
investigar a Gutiérrez porque había muchas sospechas acerca de su accionar. De
hecho, él terminó renunciando a su cargo e imputado, entre otras cosas, del
delito de enriquecimiento ilícito que es lo que pretendía probar.
No puede negarse que el expediente fue iniciado por la Secretaría de
Inteligencia, en 2006, y hasta tanto se llevaron a cabo las intrusiones
domiciliarias, solo se pudo comprobar que tuve acceso a 5 correos electrónicos
los que ni siquiera fueron divulgados desde Urgente24.
Hay un aspecto que puede resultar hasta de comicidad si no
fuese por lo dramático del escrache a que me sometió el aparato propagandístico
paraestatal vinculado a la
Secretaría de Inteligencia.
Si estamos en presencia de tan importantes secretos que
hacen a la seguridad de la República Argentina , ¿cómo es que se utilizaran
sistemas de correos pertenecientes inclusive a empresas extranjeras (Yahoo, por
ejemplo), bajo ningún concepto la vía idónea para remitir información de
supuestas características de seguridad nacional?
Si fuese cierto que hubiesen secretos de Estado a los que
accedí, es evidente que la información que se estaba remitiendo incumplían la
disposición de la Jefatura
de Gabinete de Ministros dictada en el año 2005 a través de la Subsecretaria de
gestión Publica titulada “Modelo de Política de Seguridad para Organismos de la Administración Publica ”.
Por lo tanto, no se trata de secretos de Estado sino de
persecución a algunos periodistas aprovechando la existencia de una cuestión de
fondo que sí es mucho más grave: una gravísima pelea interna de los aparatos de
inteligencia estatales y paraestatales, tema que hasta ahora la investigación
judicial pretendió ignorar.
© Urgente24
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