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| La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó las amenazas del Gobierno contra el Grupo Clarín. |
“Deploramos que el gobierno use un spot para difundir
propaganda política en la televisión pública con la intención de amenazar a un
medio que no se apega a sus puntos de vista y para presionar a los jueces a
emitir un resultado que le favorezca”, expresó Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de Libertad de
Prensa e Información.
Mohme, director del diario La República de Perú,
subrayó que “esta nueva acción se enmarca en las ya conocidas presiones
lanzadas contra medios críticos y contra la Justicia para que falle a favor del gobierno en
torno a la Ley de
Medios”, parcialmente suspendida por contrariar principios constitucionales.
“También pone en entredicho la independencia sobre la que debe sostenerse el
Poder Judicial en una democracia”, agregó Mohme.
Un anuncio de cuatro minutos de la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), enfatizó que el próximo 7 de
diciembre entrará en vigencia el Art. 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de
2009 (Ley de Medios), fue transmitido el sábado 22 de septiembre en la
televisión pública durante las pausas publicitarias de partidos de fútbol y
carreras de automovilismo.
El Art. 161 regula la cantidad de licencias permitidas por
la ley para una empresa y en caso de exceder el límite obliga a los multimedios
a desprenderse o vender sus permisos o licencias de operación en menos de un
año. Grupo Clarín presentó un recurso de inconstitucionalidad de los artículos
45 y 161, cuya ejecución se mantiene suspendida tras la aplicación de medidas
cautelares ratificadas por la
Corte Suprema.
El anuncio oficial advirtió que si antes del 7 de diciembre
Grupo Clarín no reduce la cantidad de medios que posee, “el Estado argentino se
verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que
excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares”.
En respuesta a la advertencia del gobierno, Grupo Clarín
afirmó en otro spot publicitario que el 7 de diciembre “no debe suceder nada ni
jurídica ni fácticamente con los medios del grupo”. Si para esa fecha
-establecida por la Corte
para dictar sentencia- no se produce un fallo, podrían prolongarse las medidas
cautelares o se dispondría de un año, el plazo contemplado en la ley, para
resolver la disposición.
Mohme, agregó que en vez de irrespetar una medida cautelar,
el gobierno debería aprovechar los espacios públicos para fomentar el espíritu
de la ley sobre democracia y libertad de prensa más plural y diversa.
“Paradójicamente en los últimos años en Argentina – dijo en referencia a
informes y misiones de la SIP
al país - hemos visto como el gobierno ha utilizado mecanismos para favorecer y
castigar a medios a través de publicidad oficial y licencias de operatividad,
entre otros métodos de censura indirecta”.
La situación de la libertad de prensa en Argentina gozará de
especial atención durante la asamblea general de la organización a celebrarse
del 12 al 16 de octubre en São Paulo, Brasil.
Informe: Vanguardia
(México)
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