Por Jorge Altamira |
El régimen político actual, que tiende cada vez más al poder
personal y al gobierno por decreto, necesita esa regimentación como método
político de gobierno. El voto a partir de los 16 años sería la bandera
“democrática” que serviría para encubrir esa labor regimentadora. El proyecto
llega después de varios escándalos en este sentido -entre ellos, el que
denunciaron los compañeros de la
UJS de Tandil, donde los “talleres” de La Cámpora intentaron disolver
un encuentro de centros de estudiantes, convocado en forma independiente del
Estado. Para que adquiera el carácter de una medida realmente democrática, ese
voto requiere la libertad de organización de la juventud en los lugares de
estudio y de trabajo, y los jóvenes asumirían la responsabilidad de combatir
toda tentativa de estatización ideológica y de organizar la confrontación de
ideas entre las diversas corrientes políticas. Una posición que no combata a
fondo todas y cada una de las tentativas para someter al Estado la organización
popular constituiría un completo abandono de todo atisbo de estrategia de
independencia obrera y una capitulación ante el bonapartismo.
En oposición a esta instrumentación regimentadora del
derecho al voto para los mayores de 16 años reclamamos:
1. que se establezca
la formación de centros de estudiantes electos en todos los ámbitos educativos,
públicos y privados, laicos y confesionales;
2. la reducción de
la edad para ser delegado gremial, que es hoy de 18, hasta los 16;
3. libertad de
ingreso de los partidos políticos en los lugares de estudio y de trabajo -al
menos durante las campañas electorales- para que realicen actividades de
propaganda organizadas por los cuerpos de delegados estudiantiles y obreros.
La política oficial no es para nada improvisada: tiene un
carácter estratégico. Lo revela la actividad febril de La Cámpora para crear una
federación universitaria paraestatal -para combatir a la FUA histórica- o el sabotaje
que desarrolla contra la Fuba ,
en función de un objetivo similar.
Un elemento adicional, aunque no por ello menos importante,
es la “curiosidad” de que el proyecto determine que el voto juvenil tenga un
carácter “optativo”, sin la menor fundamentación para este apartamiento de la
norma constitucional que establece el carácter obligatorio del sufragio. Para
que se pueda implementar un voto voluntario, es necesario crear antes un
registro de los ciudadanos que opten por el voto; de lo contrario, se podría
crear un “mercado” de documentos de identidad: el alquiler de los DNI.
A la luz de todo esto, no es cierto que el kirchnerismo
reivindique el voto a partir de los 16 años, el cual tampoco sería obligatorio,
sino que desnaturaliza su capacidad para que sirva como un factor de maduración
política de la juventud, porque lo convierte en instrumento de regimentación,
de coacción y de fraude del poder personal del bonapartismo. Es necesario
advertir lo siguiente: la oposición de los socialistas al bonapartismo debe ser
estratégica; si -como ocurre con el centroizquierda- tiene un carácter
fragmentario u ocasional, se convierte en un “escort” del poder político
capitalista realmente existente.
La necesidad
histórica del voto juvenil
No sólo hay una oposición de izquierda y socialista al
bonapartismo capitalista, también existe una oposición de derecha y
seudoconstitucional. Para esta oposición, los jóvenes de 16 a 18 años carecerían de la
capacidad jurídica para votar y, lo que más importa, de la madurez necesaria
-aunque no se sabe si se refiere a madurez política o psicológica.
Esta oposición derechista al voto juvenil es comprensible:
históricamente, ha cedido a regañadientes la ampliación del padrón electoral.
Ahora, no quiere incorporar al sector que la crisis capitalista y el derrumbe
de los servicios sociales y de la educación ha convertido en la víctima
principal y en el sector más golpeado y explotado.
¿Hace falta decir que la madurez política no es un resultado
absoluto de la madurez biológica? ¿O advertir que la maduración política es un
desarrollo desigual, que depende del lugar que cada uno ocupa en la estructura
de la explotación social, de la experiencia que emerge de este hecho y,
fundamentalmente, de la que resulta de la participación en la lucha social y
política? Los partidos patronales instrumentan el derecho al voto para
embrutecer a la población por medio de mentiras y por la desnaturalización de
la propaganda política, a la que convierten en tandas de publicidad.
Este mismo gobierno, que reivindica la política, se jacta de
haber igualado la presencia de los partidos en los medios mediante el
otorgamiento de espacios mediáticos, los que sólo alcanzan para una presentación
publicitaria y que limitan el desarrollo de una propaganda política.
Bonapartistas y seudoconstitucionales ensalzan el voto para ocultar la
limitación insuperable de ese derecho, que en la práctica significa una
delegación del poder y la proscripción para intervenir cotidianamente en las
decisiones políticas.
Para los partidos revolucionarios es al revés: se esfuerzan
por tomar el derecho al voto para desnudar sus limitaciones y para oponer a la
delegación del poder en beneficio de una oligarquía política, el ejercicio
directo del poder por medio de métodos asamblearios. Para los revolucionarios,
ese derecho al voto, históricamente limitado, es una ocasión para desarrollar
una propaganda socialista, para explicar un programa, la oportunidad para que
los explotados expresen sus agravios y sus reivindicaciones -y para que se
organicen sobre la base de esas reivindicaciones. Para los partidos que tenemos
una participación activa en el movimiento de la juventud, el derecho al voto a
partir de los 16 años se convertiría, en condiciones democráticas y no
regimentadoras y estatizadoras, en un instrumento adicional para desarrollar la
maduración política de la juventud explotada y estudiosa.
El centroizquierda, por el contrario, pusilánime y mediocre
por definición, ha salido a repetir lo que ya hemos escuchado en YPF o en
Ciccone; a saber: que apoyan al proyecto oficial, “haciendo reserva” de las
intenciones manipuladoras del gobierno. Desconocen el carácter estratégico que
debe tener toda oposición real al bonapartismo y son, por supuesto, adversarios
de una oposición estratégica al capitalismo y a los regímenes políticos que lo
encarnan. De este modo, su voto por la expropiación de Ciccone ha servido para
rescatar a Boudou; el voto por la estatización parcial de YPF, en una vía de
entrada para la norteamericana Chevron; y el voto a partir de los 16 años, en
un instrumento de propaganda de los aparatos paraestatales que trabajan para
regimentar a la juventud. En definitiva, ignoran -más precisamente, combaten-
el carácter estratégico de la independencia política de los trabajadores y de
la juventud -o sea que la emancipación de los trabajadores solamente podrá ser
obra de los trabajadores mismos.
Nuestro planteo
Desde el Partido Obrero, denunciamos políticamente el
proyecto oficial como un intento de encubrir la política de estatización de la
juventud. A esta tentativa oponemos lo siguiente:
1. El derecho a la
organización libre de centros de estudiantes en todos los campos de la
educación -secundaria, universitaria, pública o privada, confesionales o no.
2. La libertad de
difusión política para todas las tendencias y partidos en el ámbito de las
escuelas públicas o privadas, lugares de trabajo, liceos militares, institutos
correccionales, etcétera.
3. El derecho a ser
electo delegado gremial desde los 16 años (la actual legislación sólo lo
permite desde los dieciocho).
4. El voto universal
a partir de los 16 años.
Llamamos a las federaciones estudiantiles secundarias y
universitarias, a los movimientos de artistas jóvenes y a toda la juventud
explotada a tomar en sus manos esta lucha, y a denunciar los talleres “oficiales”
y todas las tentativas de regulación paraestatal de la juventud.
© Prensa Obrera
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