miércoles, 26 de septiembre de 2012

Dictan medida de no innovar en la interna de la UCR y no pueden asumir nuevas autoridades

Resolución de la Justicia
por la interna radical. (Click en
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Salta Hasta tanto se resuelva “la cuestión de fondo” planteada por un importante sector de dirigentes de la UCR Salta, el juez Federal Subrogante, Julio Leonardo Bavio dispuso una medida de no innovar por la cual no se podrá proclamar a las nuevas autoridades partidarias. Al mismo tiempo, el juez ordenó que el Comité Central envíe toda la documentación relacionada con el proceso interno del radicalismo. El sábado 29, vence el mandato de Ana María Hernández.

El juez Federal Subrogante con competencia electoral, Julio Leonardo Bavio, dispuso que “la Junta Electoral partidaria (de la UCR Salta) se abstenga de proclamar a las autoridades que hubiesen resultado electas en las elecciones internas del día 23 de septiembre de 2012 o, en su defecto, que éstas se abstengan de asumir en sus funciones hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada en la presente causa”.

De este modo, el magistrado hizo lugar a la cautelar presentada por el abogado Sebastián Posadas Saravia, en nombre de dirigentes y afiliados del radicalismo local pidiendo que “se dicte la nulidad de todo lo actuado por el Comité Central en cuanto al nombramiento ilegal e ilegítimo de la Junta Electoral y a los ‘comicios’ –también ilegales e ilegítimos- llevados a cabo en la localidad de Cafayate, y toda otra decisión del Comité Central del Partido en ese sentido, básicamente por carecer de competencia para nombrar a los miembros de la Junta Electoral”.

Se solicitó, asimismo, “como medida cautelar, la de prohibición de innovar, a los fines que el Comité Central y la ilegal Junta Electoral se abstengan de realizar cualquier tipo de acto o emitir cualquier tipo de instrumento –para el que legalmente no están habilitados- a saber: refrendar el irregular comicio realizado en Cafayate, como así también la proclamación de autoridades de cualquier tipo, entre otros”.

La presentación ante la Justicia, lleva la firma de José María Farizano, en su condición de titular del Comité Capital; María Fernanda Justiniano, vicepresidenta de ese comité; la senadora provincial Silvina Vargas, Rubén Correa, Sergio Quintana Alberto Salim, Carlos Ibarguren, Eduardo Antonelli y Susana Gispert, entre otros.

El juez Bavio, en su resolución, dictó la cautelar solicitada “teniendo en cuenta que a criterio del suscripto se encuentran reunidos los recaudos legales para su procedencia, y estimando particularmente que resulta ‘prima facie’ acreditada la verosimilitud del derecho invocado, corresponde dictar la medida de no innovar…”

Al mismo tiempo, Bavio ordenó que el Comité Central de la UCR Salta remita a ese juzgado, “en originales o copias autenticadas, la totalidad de la documentación correspondiente al proceso electoral interno citado, a la conformación de la Junta Electoral partidaria, renuncias de sus miembros, eventuales aceptaciones y nombramiento de los reemplazantes, como así también la situación de la intervención de la Convención Provincial de este partido político, toda vez que en el expediente principal de la agrupación política de autos no existen antecedentes al respecto”.

Mandato de Ana María Hernández

En este marco, cabe consignar que las actuales autoridades del radicalismo, encabezadas por Ana María Hernández, tienen un mandato prorrogado hasta el sábado 29 de este mes por lo que, ese día, el radicalismo podría quedar acéfalo si la documentación exigida por el juez Bavio y una posterior resolución del mismo, no llegan antes de la fecha prevista. Hasta entonces, sólo hay dos días para estos trámites.

Como se sabe, Hernández encabezaba una supuesta “lista unidad” a la que había arribado luego de negociaciones con Miguel Nanni, referente de otro sector. Esas negociaciones se hicieron sin consensuar con el resto de la dirigencia partidaria que culminó en esta crisis interna. Tanto Hernández como Nanni, a su vez, fueron denunciados por la senadora provincial Silvina Vargas por haber realizado las elecciones internas en Cafayate, a pesar de que había renunciado la Junta Electoral que debía supervisar el proceso.

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