Por Gabriel Ziblat
El proyecto oficial que promueve que los jóvenes puedan
votar a partir de los 16 años no sólo generó debate por la iniciativa en sí,
sino también por las políticas implementadas por el Gobierno para atender las
problemáticas de esa franja etaria. Y el relevamiento deja en evidencia deudas
en la materia que ponen un manto de sospecha sobre el argumento oficial de
asignar más derechos a los jóvenes.
Las principales críticas están centradas en que la Argentina todavía no ha
firmado la
Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, el
primer tratado internacional que pone el foco específicamente en esos derechos
y utilizado como referencia en otras regiones del mundo.
Por otra parte, el Congreso no avanzó en la sanción de una
ley nacional de juventud, tal como rige en otros lugares del mundo, aunque sí
aprobó la creación del Consejo Federal de la Juventud , que es
criticado por funcionar como un aparato de difusión del kirchnerismo.
Según datos de la
Unesco , la cifra de jóvenes catalogados como “ni-ni” (ni
estudian, ni trabajan) aumentó en los últimos años a casi un millón. Además, en
sintonía con una realidad mundial, la tasa de desempleo juvenil (hasta 24 años)
duplica a la de los adultos, con un 17 por ciento en mujeres y 12 por ciento en
varones.
En ese marco, el Gobierno aplicó el programa Jóvenes con Más
y Mejor Trabajo, el cual fue criticado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) por excluir a la franja de 16
y 17 años, calificada como la “más vulnerable” y a la que justamente se quiere
sumar al mundo electoral.
Convención
De los 22 países que forman parte de la Organización
Iberoamericana de Juventud (OIJ) hay solamente seis países
que todavía no suscribieron la
Convención , entre ellos Argentina (también Brasil, Chile,
Colombia, El Salvador y Andorra). Tanto en 2008 como en 2010, diputados del
Partido Socialista presentaron en la
Cámara de Diputados proyectos en los que le exigen al Poder
Ejecutivo que cumpla con ese paso. En 2009, el entonces jefe de Gabinete,
Aníbal Fernández, mandó una respuesta al reclamo, pero hasta ayer PERFIL no
pudo dar con su contenido, ni desde el socialismo ni desde el entorno del
actual senador.
Entre los derechos de la Convención , la política
merece un apartado especial. El artículo 21 promueve la participación de los
jóvenes, garantizando el derecho a elegir (sin aclarar edad mínima), pero
también a participar en la formulación de políticas para la juventud.
En ese sentido, la
OIJ destacó esta semana, a través de un comunicado, la
propuesta de voto a los 16, destacando que responde a los parámetros del
tratado. Pero en la página de internet de la Convención no sólo se
destaca que la Argentina
no lo suscribió, sino también que “no existe Ley de Juventud, a pesar de haber
sido presentados diversos proyectos”.
Leyes
Ya desde 2003 había un proyecto de Margarita Jarque, del
Frente Grande, que establecía los “derechos y obligaciones” de los jóvenes argentinos
y extranjeros residentes en el país. La acompañaron Nilda Garré y Elisa Carrió,
entre otros. En 2009, Victoria Donda y Cecilia Merchán armaron un nuevo
proyecto.
Hubo otros que tampoco prosperaron, ya sean de oficialistas
como de opositores. Desde observatorios hasta la incorporación de un “cupo
joven” en las listas de legisladores. El único que avanzó fue el que creó el
Consejo Federal, que nuclea a los referentes del área de todas las provincias y
la Ciudad de
Buenos Aires. Se creó en el ámbito de la Dirección Nacional
de Juventud y tiene como fin “colaborar con el diseño y la coordinación de
políticas públicas de juventud”.
Nicolás Pechersky, del PRO y representante porteño en el
Consejo, aseguró que tiene “un funcionamiento muy político, salvo Santa Fe y
Capital, el resto son todos kirchneristas, y la mayoría de La Cámpora ”. Igual valoró que
en las reuniones (cuatro al año) “cada uno opina lo que quiere”. El resultado
está a la vista. Uno de los proyectos fue la pintada de murales y el otro la
publicación de la revista Juventudes. En ambos casos se utilizaron para
defender al kirchnerismo.
Por las dificultades de los jóvenes para ingresar al mundo
del trabajo y las críticas que lanzó la
OIT al programa del Ejecutivo, el diputado Roy Cortina presentó
un proyecto para promover el empleo juvenil. Allí, el socialista también
critica que el 77% de las acciones del programa apuntan a la finalización de la
escuela y sólo el 6% sirve para formar profesionalmente a los jóvenes. Además,
analizó que el 30% de los inscriptos se quedan sin respuestas y que sólo el 33%
de las oficinas de la red del Ministerio de Trabajo crearon un área de empleo
joven.
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