Por Mariano Spezzapria
Dos imágenes cargadas de un fuerte contenido simbólico
dominaron la semana política: la primera de ellas mostró a Fernando de la Rúa sentado en el banquillo de
los acusados; la segunda retrató a Amado Boudou presidiendo la sesión del
Senado en la que se aprobó la expropiación de la ex Ciccone.
Por cierto que ambas imágenes tienen distinta significación
-porque remiten a diferentes procesos políticos- pero si se mirara bien podría
distinguirse en el fondo del cuadro, detrás del primer plano en el que se
encuentran los protagonistas, un hilo conductor bien conocido por los
argentinos.
De la Rúa
está siendo juzgado por su presunta participación en el pago de sobornos a
senadores para que aprobaran la
Ley de Reforma Laboral -en los hechos, una norma de ajuste-
en el año 2000. Se sabe que aquel escándalo fue el principio del fin para su
presidencia, que dejó al país inmerso en el caos.
Boudou, por su parte, es investigado por la Justicia que sospecha que
cuando fue ministro de Economía pudo haber favorecido a empresarios -conocidos
suyos o bien “amigos del poder”- para que tomaran el control de la ex Ciccone,
que imprime billetes como complemento del trabajo de la Casa de la Moneda.
Más allá de las expresiones del ultrakirchnerismo, no
debería aguardarse del oficialismo una defensa política hacia la figura de
Boudou
Las acusaciones que pesan contra De la Rúa y Boudou no deben
desparramarse a toda la dirigencia política, que suele tener anticuerpos para
enfrentar este tipo de situaciones, pero debe advertirse que abren una brecha
entre la sociedad y sus gobernantes que perjudica al sistema en su conjunto.
Entre la bronca y el
desánimo
Por eso el oficialismo quiere terminar cuanto antes el
debate legislativo sobre la expropiación de la ex Ciccone: el próximo martes el
proyecto tendrá dictamen favorable de la comisión de Asuntos Constitucionales
de la Cámara
de Diputados y el miércoles será votado en el recinto, que lo convertirá en
ley.
Aunque, más allá de las expresiones del ultrakirchnerismo,
no debería aguardarse del oficialismo una defensa política hacia la figura de
Boudou. Las bancadas opositoras, por su parte, admiten su impotencia para
frenar el proyecto, pero al menos buscarán indagar sobre los desconocidos
dueños de la imprenta.
Se trata, de todos modos, de una discusión intramuros de la
política. Hacia afuera, en tanto, hace rato que la gente viene acumulando
bronca. En la provincia de Buenos Aires, por la crisis de los aguinaldos. En la Capital , por el conflicto
de los Subtes que alteró el ánimos hasta de los más pacientes.
Por ende, los encuestadores salieron a medir la sensación
térmica de la calle y los resultados no vienen siendo positivos para tres de
las figuras más importantes de la política argentina, Cristina Kirchner, Daniel
Scioli y Mauricio Macri, de acuerdo a lo que reflejó un sondeo reciente de Hugo
Haime.
Es que el 49 por ciento de los consultados dijo tener
“bronca” ante la irresolución y reiteración de los conflictos políticos. Otro
27 por ciento reveló sentirse “desanimado”, mientras que entre los “contentos”
se enroló sólo el 18 por ciento de los encuestados y los “esperanzados”
contaron un escaso 6%.
La balanza económica
Claro que el estado de ánimo colectivo no puede atribuirse
solamente a las peleas políticas, ni a los casos que dejan flotando una
sensación de impunidad, sino -sobre todo, advierten los especialistas- a la
marcha de la economía. Es allí donde se termina de inclinar la balanza hacia
uno u otro lado.
Esta semana el INDEC acabó por reconocer que la economía
dejó de crecer desde junio pasado, especialmente por las caídas de la industria
automotriz y de la construcción. La primera se ve afectada por la merma en la
demanda de Brasil y las trabas a las importaciones. La segunda, por el cepo al
dólar.
La crisis internacional también hace lo suyo. La
multinacional Google anunció pocos días atrás un drástico recorte de empleos en
Motorola, una empresa que controla, en un ajuste que afectaría a una planta instalada
en Córdoba. Las Provincias comienzan a notar cada vez más directamente los
efectos de esta situación.
El kirchnerismo da nuevas señales de que buscará forzar la
marcha para llevar a la
Presidenta a un tercer mandato
Por eso necesitan más recursos. El “leading case” del
momento también se asienta en Córdoba. El próximo 10 de septiembre el
gobernador José Manuel de la Sota
se verá cara a cara con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en una
audiencia a puertas cerradas convocada por la Corte Suprema de
Justicia.
Allí volverá a reclamar a la Nación fondos que, según
considera, la Casa Rosada
le adeuda a la Provincia.
“La plata está, pero me parece que no se la quieren dar”, deslizó un diputado
oficialista a este columnista. Los pasos que va dando De la Sota son seguidos con
atención por el santafesino Antonio Bonfatti, el porteño Mauricio Macri y el
bonaerense Daniel Scioli. También por el correntino Ricardo Colombi.
Mientras tanto, el kirchnerismo da nuevas señales de que
buscará forzar la marcha para llevar a la Presidenta a un tercer mandato desde 2015. Para
ello, las elecciones legislativas del año que viene serán determinantes.
Por eso algunos entrevieron la gestación, en la reunión de la Federación Agraria
días atrás en Rosario, de un frente anti-reelección que podría aglutinar no
sólo a las fuerzas opositoras sino también a gobernadores y sindicalistas que
en algún momento estuvieron del lado del oficialismo.
© NA
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