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| Por Rosendo Fraga |
Mientras tanto va cobrando fuerza el Movimiento Nueva
Constitución Emancipadora, integrado por figuras que van desde el líder
piquetero Luis D’Elía hasta el Juez de la Suprema Corte ,
Eugenio Zaffaroni. Al mismo tiempo, uno de los dirigentes del ala izquierda del
kirchnerismo (Sabbatella) -que integra además dicho movimiento- dijo que hay
que desmitificar la idea de que no se puede reformar la Constitución. En
lo económico se amplió la intervención estatal en todo el sector energético,
dándole su control al viceministro de Economía (Kicillof), quien también
recibió la supervisión de los directores del estado en las empresas privadas;
se ha hecho público que se avanza hacia la estatización de la empresa Metrogas;
la Presidenta
del Banco Central anticipó que podrían pesificarse los mercados de futuro en
los granos; se extendieron las restricciones para las ayudas en divisas a
familiares en el exterior, etc. Frente al previsible aumento de los despidos,
se incrementará el control sobre las empresas para impedirlos. La confrontación
de Tecnópolis frente a la
Exposición de la Sociedad Rural y el reemplazo de Roca por Evita
en el billete de cien pesos confirman el rumbo ideológico que se profundiza
desde la reelección, al igual que una nueva ofensiva contra el Grupo Clarín. La
defensa de la Presidente
de que los presos participen fuera de las cárceles en actos culturales del
oficialismo se inscribe -en materia de seguridad pública- en la corriente
garantista.
En paralelo, el conflicto entre el estado nacional y las
provincias se va profundizando. La decisión de intervenir en el sector
hidrocarburífero entra en conflicto con el artículo de la Constitución que
provincializó los recursos naturales, pero tiene como base el artículo de la
ley de estatización de YFP, que declaró de interés público nacional toda la
actividad del sector. Los gobernadores de las provincias petroleras comienzan a
reaccionar, pero sus senadores votaron a favor de dicho artículo a fin de
abril. La reducción de los subsidios al transporte implica que el gobierno
nacional traslada el costo del mismo a las provincias, sumando otro problema
más a la relación con ellas. Varias han recibido el auxilio del Ejecutivo con
fondos extra-coparticipables para poder pagar el medio aguinaldo (Santa Cruz, La Rioja , Catamarca, Jujuy y
Río Negro), y otras provincias muy alineadas con la Casa Rosada -como es
el caso de Tucumán- también están reclamando asistencia. En este marco es el
gobernador de Córdoba (De la Sota )
el que más claramente está expresando la postura de las provincias y esta
semana llevó ante la Corte
el reclamo por los 1020 millones de pesos que le adeuda el Ejecutivo para el
sistema jubilatorio, acción que podrían seguir otras provincias. Al mismo
tiempo, tanto la Presidenta
como el jefe de Gabinete han reiterado su crítica a los gobernadores por las
deficiencias en la administración de los recursos.
Finalizando julio, se confirma que entre Scioli y la Casa Rosada sólo
existe una frágil tregua. El gobernador busca asegurarse independencia para
financiar el déficit provincial de los próximos meses, ampliando la prórroga de
las concesiones en el juego -una actividad de creciente importancia política y
económica en Argentina- y tomando deuda por diversos medios. A ello se agrega
que desde su agrupación política -La Juan Domingo- se ha vuelto a insistir con su
candidatura para 2015. Por su parte, el vicegobernador (Mariotto) usa la
reanudación de la actividad de la legislatura bonaerense para exigir la
respuesta a sus pedidos de informes sobre la inseguridad y la publicidad
oficial bonaerense, cuestionar la prórroga de las licencias de los bingos e
incluso plantear la necesidad de su estatización. Desde el cristinismo, Depetri
sostiene que el gobernador debe aceptar las condiciones de Cristina y Kunkel
afirma que Scioli sería un buen candidato a Jefe de Gobierno porteño. Por su
parte el ministro de Planificación e Infraestructura (De Vido) continúa
reuniéndose con los intendentes para otorgarles obras públicas a cambio de
alineamiento con la Casa
Rosada y abandonar al gobernador. Tanto la Presidenta como la
ministra de Seguridad criticaron públicamente la política del gobernador
bonaerense frente a la delincuencia. Los sondeos siguen mostrando que Scioli
tiene hoy mejor imagen que Cristina y que la esposa del gobernador (Karina)
supera a la cuñada de la
Presidente (Alicia) en la provincia de Buenos Aires y ello
profundiza el conflicto.
Por su parte, la oposición política sigue sin articularse y
Hugo Moyano aparece como la figura más relevante frente al gobierno nacional.
El discurso del oficialismo trata de descalificarlo, acusándolo de ser un
político opositor antes que un dirigente sindical y el titular de la CGT asume este rol, al tener
cerradas todas las puertas de negociación con el gobierno. Al mismo tiempo,
reclama que el salario mínimo se incremente a 3500 pesos frente a la
convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que se reunirá en
agosto y del cual participará, dado que hasta octubre no será elegida la
conducción de la central sindical anti-moyanista. Este sector por su parte
reclama la extensión de la Asignación Universal por Hijo a todos los
trabajadores, el aumento de las asignaciones familiares y que se normalice el
flujo de fondos hacia las obras sociales. Las diferencias en los sindicalistas
contrarios a Moyano son importantes, pese a lo cual el posible candidato a
secretario general de esta central (Caló) logró por ahora el y los sectores
conocidos como los Gordos y los Independientes, que lo cuestionaban.
En paralelo, en la oposición política se tienden puentes
entre la UCR y el
Socialismo (ya que ambas fuerzas ven como prioridad impedir la reforma constitucional)
y Macri a su vez busca espacio nacional sumando su reclamo contra el gobierno
nacional al de las provincias.
En conclusión: el oficialismo profundiza su rumbo
ideológico, tanto con el proyecto de reforma constitucional, como con las
medidas económicas, el uso simbólico de Tecnópolis y el billete de Eva Perón;
el conflicto con las provincias por los recursos se extiende y profundiza, con
la intervención en el sector hidrocarburífero y la transferencia del ajuste en
las tarifas de transporte; entre Scioli y la Casa Rosada rige una
frágil tregua, asumida como tal por ambas partes del conflicto, y Moyano asume
el rol opositor que le adjudica el gobierno mientras ambos sectores sindicales
compiten en sus reclamos frente al gobierno nacional.
© Nueva Mayoría
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