 |
| En la página web del Ministerio de Planificación está el proyecto que permitiría expropiar propiedades privadas. |
El Gobierno tiene en elaboración un proyecto de ordenamiento
territorial que, de ser convertido en ley por el Congreso, le conferirá al Estado atribuciones extraordinarias sobre la propiedad
privada de la tierra. En efecto, el borrador de esa iniciativa -que
auspicia el Ministerio de Planificación - facilitará las expropiaciones si lo
amerita el interés colectivo, que es, a juicio del texto oficial, el bien
superior al cual estarán sujetos el uso y la propiedad del suelo.
El anteproyecto, que figura en la página web del ministerio
que conduce Julio De Vido, promueve que cualquier
propiedad privada pueda ser declarada de utilidad pública y expropiada por el
Estado (con compensación económica) si así lo dispone el gobierno de turno
en función del ordenamiento del territorio que planifique. El Estado podrá también imponer subdivisiones, edificaciones o,
directamente, avanzar sobre inmuebles privados que declare ociosos "cuando
la situación socioterritorial lo requiera".
Esta iniciativa se diseñó en el seno del Consejo Federal de
Planificación y Ordenamiento Territorial (Cofeplan), coordinado por la
subsecretaria de Planificación Territorial, Graciela Oporto. Ese mismo Consejo
Federal fue mencionado por el jefe de bloque de diputados oficialistas, Agustín
Rossi, cuando justificó el origen de su propuesta de eliminar las barreras
arquitectónicas que separan a los countries y barrios cerrados del resto de la
zona urbana.
Consultados por el diario La Nación , los diputados
Gustavo Ferrari (Frente Peronista); Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque de la UCR , y Oscar Aguad (UCR)
rechazaron de plano este anteproyecto, al que calificaron de
"peligroso" porque, advierten, viola una de las garantías
constitucionales fundamentales: la de la propiedad privada.
Según el denarvaísta Ferrari, esta iniciativa constituye un
eslabón más, junto con las reformas que impulsa el Gobierno del Código Civil y
Comercial, del Código Penal y, eventualmente, de la Constitución Nacional ,
en su estrategia de "moldear un
nuevo modelo de país" acorde con el relato kirchnerista. Esto
importaría "una fuerte restricción de los derechos individuales con el
Estado como protagonista."
"Este anteproyecto de ordenamiento territorial propone
un desmedido intervencionismo estatal, con restricciones y hasta privaciones
sobre el derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 de la Constitución , y
condicionamientos a su libre uso y goce, justificándolos en conceptos tan
difusos como el «interés público», que cada vez más se confunde con el interés
del Gobierno, y el «desarrollo humano sustentable»."
Otro de los puntos controvertidos del anteproyecto es el que
permitirá al Estado participar en los incrementos en la valuación de los
inmuebles generada a partir de acciones urbanísticas públicas.
Por ejemplo, si el Estado decide construir una autopista en
determinado lugar y, como consecuencia de ello, las tierras aledañas
incrementan su valuación, el Estado
podrá participar de este mayor valor inmobiliario.
Es lo que en el anteproyecto el Gobierno llama "recuperación pública de
plusvalías", aunque sugestivamente deja supeditado a una reglamentación
posterior su instrumentación.
"Este artículo [el de la plusvalía] es desopilante y
peligroso -asestó Gil Lavedra-. Por supuesto, las normas de expropiación cuya
utilidad pública se funda en la sola circunstancia de estar incluido el
inmueble en un Plan de Ordenamiento Territorial son insostenibles. Lo mismo la
de edificación obligatoria."
Hay más: en el anteproyecto oficial el Estado no sólo tendrá
prioridad para la adquisición de inmuebles, sino que también podrá gravar con un tributo especial a
aquellos dueños de propiedades que no se sometan en tiempo y forma a las
disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial.
Ordenamiento
territorial
El principio rector que guía las 35 páginas de la iniciativa
es una mayor intervención del Estado en el ordenamiento del territorio, el cual
deberá privilegiar el interés colectivo sobre el particular. Esta injerencia
estatal se justifica, según el anteproyecto, en que el suelo es un
"recurso natural no renovable y escaso" y, por lo tanto, su uso y
ocupación debe ser regulado por el Estado en función del bien general y
"los principios del desarrollo sustentable". Según el diputado
radical Aguad, este anteproyecto oficial crea una serie de instrumentos que
colocan al Estado como "amo y señor" del derecho de propiedad de los
particulares.
"El Estado, en aras de la «organización territorial»,
puede intentar destruir la propiedad privada; hacerse propietario de inmuebles
privados para proceder a su posterior distribución como le plazca; imponer
tributos para quedarse con los inmuebles que no cumplan esos destinos
prefijados; establecer cesiones de terrenos privados para cubrir necesidades
comunitarias, para las cuales no hace falta ni siquiera una declaración de
interés público", alertó.
Sin embargo, para los autores de este anteproyecto los
derechos colectivos son el bien superior a preservar y, por lo tanto, el uso de
la propiedad privada debe armonizarse "con los requerimientos de la
economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, la salud, la seguridad de las personas y
la protección del medio ambiente".
"El territorio argentino revela condiciones de
inequidad estructural que se expresan en los asentamientos tanto urbanos como
rurales. Este hecho reclama la regulación del uso del suelo sobre la base de su
valor como recurso natural, económico y social", insiste la iniciativa
oficial.
Informe: LPO, La Nación y Agensur.info
0 comments :
Publicar un comentario