Por Tomás Abraham (*) |
El conflicto ya se hizo público desde el momento en que la Presidenta parecía ratificar los rumores que responsabilizaban a Moyano de las presiones a las que se veía sometido el ex presidente que agravaron su ya delicado estado de salud.
Pero la tensión fue previa a su fallecimiento. En el acto de River en octubre de 2010, el dirigente camionero hizo ostentación de su poderío y reclamó públicamente espacio político para el universo gremial y un futuro de grandeza para sus aspiraciones de erigirse en el Lula de la argentinidad. La Presidenta le respondió que si quería un trabajador en el sillón de la Casa Rosada, ya lo tenía con la sola modificación del género del ocupante.
La participación en las ganancias de las empresas y el 82% móvil reforzaron sus demandas antes de que el reclamo por el mínimo no imponible encabezara las reinvindicaciones en nuestros días.
Ante las presiones de Moyano, que creía que el Gobierno no estaba totalmente recuperado de su traspié electoral de 2009, las huestes oficiales respondían con la aparición de cuentas en Suiza, acusaciones de falsificación de medicamentos, denuncias sobre el manejo de las obras sociales y otros presuntos deslices del jefe sindical que pretendían hacerle más ardua su escalada política.
La Presidenta se mantuvo firme en su decisión de desplazar a Moyano y el categórico triunfo de octubre pasado fortaleció su poder, que le ha permitido suponer que bien podría desprenderse de su ex aliado sin un alto costo político.
Recordemos que en su segunda asunción denunció la extorsión de un gremialismo cuya identidad resultaba harto clara. Moyano, desde entonces, no hizo más que pedir audiencia, solicitar ser escuchado, esperaba algún reconocimiento que legitimara su representatividad, pretensiones que la primera mandataria se negó a satisfacer sistemáticamente.
Entre tanto, el Gobierno tejía nuevas alianzas con sindicatos afines a la vez que candidateaba a nuevos dirigentes para encabezar la central obrera. Las fisuras en la conducción sindical, las enemistades que cosechó durante su mandato y las prerrogativas de las que dispuso en desmedro de otros gremios que se veían vaciados de su personal motorizado, multiplicaron los eslabones débiles del poder vertical de Moyano hasta hacer peligrar la unidad de la CGT.
Las amenazas del otro día en que su hijo Pablo advirtió que los argentinos se quedarían sin plata, sin nafta y sin comida, exigieron que su padre recuperara la conducción de su gremio y evitara una aventura difícil de sostener. El escándalo mediático que vaticinaba una lucha sin cuartel se redujo a un incremento salarial escalonado y un tibio llamado a congregarse en la plaza del pueblo con el debido cuidado de que no fuera considerado un llamado irrestricto a otras corrientes opositoras.
Ni su tono medido, ni su llamado a la humildad, ni su solicitud de un diálogo constructivo, convencieron después del acto a quienes esperaban de él que cumpliera un rol importante en el tablero opositor. Parece estar cada vez más aislado en medio de vagones chinos.
El último laurel. Moyano se irá o se perderá en internas de un gremialismo dividido. Prometió retirarse si le tiraban un último laurel y ni siquiera ese tributo de despedida el Gobierno está dispuesto a concederle.
Del lado de los victoriosos, el trofeo conseguido no dejará mucho tiempo para celebraciones. De ser ciertas las preocupaciones expresadas por el periodismo oficialista en la pluma y boca de encuestadores, consultores y especialistas en economía, acerca de la situación social en nuestro país, lo que se avecina es un tiempo de dificultades que no sólo se proyectan al futuro sino que, además, ahora se admite, provienen del pasado. Aparentemente estos voceros que hasta la fecha divulgaban con cifras jubilosas los resultados del modelo de crecimiento con inclusión, desde el momento en que había que defenestrar a Hugo Moyano, nos ofrecen una cartografía del estado económico y social de nuestro país lleno de baches. Con el afán de mostrar que la reinvindicación del dirigente camionero concierne sólo a una minoría de asalariados, a una elite que poco falta que la califiquen de aristocracia obrera, nos señalan que la suba del mínimo no imponible responde a una demanda de no más del 8% de la población económicamente activa. Son cifras inesperadas hasta ahora silenciadas no por el Indec sino por el periodismo kirchnerista que nos hablan de un 8% de desocupados, de un 16% de subocupados, de un 34% de trabajadores en negro y precarizados que ganan un 45% menos que los que están en blanco. Una vez integradas todas estas cifras al 19% que cobra por encima del mínimo no imponible, se tiene un cuadro que presenta a una población en un 92% del total en condiciones de trabajar que está por fuera de los $ 5.800 por trabajador soltero y $ 7.900 el casado con dos hijos a quienes se descuenta el impuesto a las ganancias. Si, además, en el 8% que sí participan del reclamo por la elevación del mínimo diferenciamos los sueldos abultados en dólares cobrados en las gerencias empresariales de los, por ejemplo, salarios docentes –brecha abismal de ingresos sin contar los bienes patrimoniales reflejada por los números del coeficiente de Gini que mide la desigualdad social en nuestro país–, el modelo hace agua en su pretensión inclusivista aún a tasas de crecimiento chinas.
El chamuyo. La Presidenta pretende apabullar con cifras millonarias su análisis de la realidad, pero no puede ocultar que el nivel de ingresos de la enorme mayoría de los argentinos apenas alcanza para una canasta familiar aún medida por los organismos oficiales. Culpar a una supuesta aristocracia obrera de las disimetrías a veces obscenas que existen en nuestra sociedad es lo que se conoce como chamuyo de entrecasa.
Nadie olvida, a pesar del vocinglerío gubernamental, que las prebendas salariales y gremiales que hoy gozan sectores obreros como el de los camioneros, fueron otro más de los obsequios políticos del kirchnerismo que puede exhibir en su vitrina junto a la distribución de otros privilegios otorgados al Grupo Clarín e YPF poco antes del traspaso conyugal de mando, a la bien protegida –hasta la tragedia del Sarmiento– política de subsidios embozados a la TBA de Cirigliano, para no hablar del trabajo social de Sueños Compartidos sublimados en nombre de los derechos humanos, entre tantos favores a quienes hoy son condenados por desagradecidos y traidores.
Es comprensible la inquietud en los medios oficiales y sus voceros por el futuro de la relación entre el Gobierno y la conducción gremial ante un preocupante panorama social. La misma Presidenta alertó sobre los inconvenientes que puede deparar el fraccionamiento gremial a quienes creen que una CGT dividida favorece la política gubernamental cuando recordó las violentas tomas de yacimientos de sectores opositores a la Uocra en Chubut.
Para negociar es mejor hacerlo con una dirección unificada que tenga las riendas bien firmes para que las bases y delegados indómitos no la corran por izquierda. Una inflación de más del veinte por ciento, y una neoconvertibilidad con dólar sujetado y bonos provinciales que recuerda la maldecida época de los 90 con sus dólares y patacones en simultaneidad financiera, requieren, sin duda, sintonía fina en los hechos a pesar de la munición gruesa del relato.
(*) Filósofo. www.tomasabraham.com.ar
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