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| Axel Kicillof tiene amplias facultades sobre los yacimientos, lo que ha despertado la furia de los gobernadores de provincias petroleras. |
Frente a la sanción del Decreto 1277, que reglamenta la Ley 26.741 (de Soberanía
Energética), publicado este viernes en el Boletín oficial, que otorga amplias
facultades para intervenir en el negocio del petróleo y el gas a una comisión
tripartita integrada por Axel Kicillof, viceministro de Economía y director de
la petrolera estatal, Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, y
Daniel Cameron, secretario de Energía, los gobernadores de las provincias
hidrocarburíferas advirtieron a funcionarios nacionales sobre la posibilidad de
recurrir a la Justicia
para frenar la implementación de la medida.
Entienden que la norma vulnera los principios básicos de la Ley Corta de
Hidrocarburos, que en 2006 transfirió a los estados productores la titularidad
de los yacimientos petroleros, así como también la autoridad de aplicación y el
poder de policía sobre la industria.
En líneas generales, el Decreto 1277 autoriza al Gobierno
nacional a evaluar los planes de trabajo presentados por las petroleras y las
inversiones realizadas, e incluso habilita a la Casa Rosada a revertir
las concesiones hidrocarburos en caso de “encontrar incumplimientos severos de
la normativa”.
“Esos son atributos que por Ley pertenecen a las
gobernaciones petroleras. No vamos a permitir que avancen sobre derechos
fundamentales de las provincias, que apoyamos gran parte de nuestros presupuestos
en ingresos impositivos derivados de la explotación petrolera”, cuestionó
duramente un alto funcionario de la
OFEPHI (Organización Federal de los Estados Productores de
Hidrocarburos), que es presidida por Martín Buzzi, gobernador de Chubut, y
encuentra entre sus hombres fuertes a Jorge Sapag, de Neuquén, y Juan Manuel
Urtubey, de Salta.
“Nos usaron. En enero, en pleno conflicto contra Repsol, nos
convocaban para la foto Hoy nos esteramos por los diarios de una sanción que, a
largo plazo, compromete la autonomía fiscal y política de los estados
productores”, añadió.
La norma creó una comisión de Planificación y Coordinación
Estratégica del Plan Nacional de Inversiones para el sector, que depende del
secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio
de Economía, Axel Kicillof.
El nuevo órgano podrá “asegurar precios comerciales
razonables” y tendrá la facultad para “evitar y/o corregir conductas
distorsivas”.
A su vez, tendrá como objetivo “asegurar precios comerciales
razonables”, para lo cual podrá utilizar, tal como lo establece el artículo 27
de la norma, “criterios que regirán las operaciones en el mercado interno y
publicará precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y
precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles, los cuales
deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y
la obtención de un margen de ganancia razonable”.
En la industria, las empresas comparten una lectura inicial:
el sentido de la medida retoma el proyecto original de renacionalización de YPF,
que trascendió unos días antes de que el texto ingresara al Congreso y luego
fue moderado por presión de las provincias que se negaban a apoyar esa versión
de la ley.
“Ese proyecto incluía un anexo que acentuaba la regulación
sobre el sector y el intervencionismo del Estado en materia de precios, oferta,
inversiones y rentabilidad.
Está claro que si la idea era atraer a inversores
extranjeros, el decreto 1277 va en la dirección contraria”, cuestionó un
encumbrado petrolero que prefirió la confidencialidad.
Informe: LPO
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