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| Por Martín Risso Patrón |
Diana Conti, Diputada nacional kirchnerista
Bueno, bueno, bueno...
Fue el lunes pasado, de fecha 16 de julio, cuando leí la entrevista en
la página 12 del cotidiano local El Tribuno. Declaraciones de la abogada Diana
Conti, confesa estalinista, diputada nacional en funciones por el kirchnerismo.
Qué quiere que le diga...
Entonces, ¿qué se intenta legislar?
Como es bien sabido, la legislación penal contribuye a reinstalar el
orden social alterado porconductas debidamente tipificadas, mediante la
aplicación de sanciones punitivas. El bien jurídico protegido por la norma es
en realidad un conjunto de valores que identifican al ser humano como tal; la
libertad, el pudor, su intimidad, su propiedad, la Vida , la salud, etcétera.
Como esos valores no funcionan en solitario, aislados para cada Persona, sino
que se dan, precisamente en el campo de las relaciones entre personas, ahí es
donde emerge el concepto de orden social, al que se concibe como un estado de
equilibrio superador de las individualidades, como si fuera un tercer sujeto,
al que aquí concibo también como bien jurídicamente protegido.
Las adicciones a sustancias, al juego, al alcohol [agentes que
interactúan con el organismo y la psicología humanos de manera destructiva al
superar ciertas escalas], de ninguna manera constituyen delitos, porque en
realidad son conductas personales que, al poner en riesgo la propia salud del
individuo, le habilitan a ser sujeto de otros derechos cuya satisfacción deberá
ser proporcionada por la sociedad mediante sus instituciones, como los
hospitales.
Conti afirma que drogarse es malo, y esta afirmación constituye una verdad meridianamente perogrullesca. Pero
vayan a decírselo a los adictos. Y ahí es donde comienza a gestarse la
tremenda confusión argumental de la legisladora, porque al intentar utilizar
tal principio como base lógica de sus argumentos, relacionándolo con la urgente
necesidad que tiene la sociedad de destruir el siniestro circuito de la producción>compra>venta>consumo
de sustancias>producción mediante la despenalización de la tenencia de
droga para consumo personal, lo destruye ipso facto, a
su propio principio, por supuesto. Sencillamente, porque el consumo de
drogas, aparte de destructivo en lo personal, es potenciador de la máquina de
destruir el orden social [bien jurídicamente protegido también por la Ley penal], que es la
producción y el tráfico. En cualquier consideración legislativa, considero que
no habrá de estar ausente la doctrina jurídica, anteponiéndose a antilógicas y
audaces tendencias de legislar para las necesidades políticas, contingentes y
demagógicas, que no generan otra cosa que arrimar votos cantados, para luego,
con el Poder total en mano, llevar al gobierno a profundizar acciones
dictatoriales para reprimir lo que alentara en su búsqueda. Un destino también
cantado.
Por si fuera poco, la diputada kirchnerista filoestalinista declara muy
suelta de lengua: “Otro de los temas que se está trabajando es que dentro
del sistema de salud argentino se contenga centros de asistencia para
adicciones más desarrollados que los que tenemos ahora. Las dos
cuestiones van a correr en paralelo”. Clarísimo: Instalar
modernísimos hospitales en las inmediaciones de pasos a nivel sin barreras,
peligrosos y mortales... sin poner las barreras. ¡Cómo que irán en paralelo
la atención sanitaria de las adicciones, si se potencia el consumo
despenalizándolo! ¿Vio Doña Clota, lo vio? Mejor, codifiquemos las Leyes de la Mamá Murphy , así nos
divertimos todos...
Pero no todo queda ahí, en la lógica de la legisladora oficialista. Y
me tomo la libertad de transcribir en su extensión otra repuesta de este manual
del esperpento. Se le pregunta cuáles fueron los puntos que se tomaron de su
propuesta [para el análisis legislativo]; responde Diana Conti: “El acuerdo
fue un acuerdo mínimo tendiente a modificar la ley actual de drogas derogando
los artículos que penalizan la tenencia de droga para consumo, derogando la
criminalización de quien cultiva para consumir -en este caso sería la marihuana
porque no hay otro cultivo- y permitir que quien transporta
estupefacientes -esto es una reforma de un artículo del código aduanero
referido a las mulas- no se le incremente la pena; de modo tal que el delito
pueda ser excarcelable si de lo que se trata es una mula.”
Literal [aclarando que el subrayado me pertenece], salvo rectificación que
pueda hacer la periodista que entrevistó a Conti, con pruebas al canto. Aquí,
si entendemos por mula a la persona que transporta droga
cargándola y a pie o en vehículo, se trata de un traficante; modesto, pero
traficante de drogas, y de los más necesarios. Entonces, la quita de
penalización legal incluye al tráfico, si los anteojos no me fallan. Sólo nos
falta que por decreto de necesidad y urgencia se declare persona ilustre a
algún jefe de cártel o se lo nombre ministro, vea.
Para ponerle punto final a este análisis del disparate demagógico, le
coloco el moño. Conti cierra sus declaraciones con esta aclaración: “[...] el
Derecho penal no debe ser utilizado como control social para decidir los
hábitos de las personas sino para combatir la delincuencia [...]. Por
favor, abogada Conti: Revise sus carpetas de estudio de Derecho; creo que
encontrará entre los fundamentos del plexo jurídico, justamente la negación de
que el tipo penal constituya otra cosa que el control social. ¿Recuerda usted
el principio penal de control social de la pena necesaria? “Desde hace
más de DOS SIGLOS se enfatiza que la pena debe ser necesaria para prevenir,
combatir, reprimir y conminar los delitos y faltas penales; esto apunta, a que
el castigo como corrección jurídica no debe tramontar más allá de los fines
prefijados de lo que realmente es necesario como CONTROL SOCIAL y PENAL de la
delincuencia” [Manuel Espinoza, Doctor en Derecho peruano, catedrático
de Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, autor de diversas obras doctrinales,
entre ellas “Delito de Narcotráfico”].
César de Bonesana, Marqués de Beccaria, sostenía que: “Uno de los
mayores frenos de los delitos, no es la crueldad de las penas, sino la
infalibilidad, la eficacia de la conminación y de control social, fundado en la
proporción de las penas con el daño ocasionado a las víctimas” [cit. por
Espinoza en http://forodelderecho.blogcindario.com/]. Porque una conducta que
genera mercado de delito, es delito, como lo es también la conducta de quien
proporciona servicios para satisfacer dicho mercado. El circuito de la droga es
un circuito complejo cuyas partes forman un sistema; y ese sistema destruye el
orden social y produce la muerte. Resulta forzado su supuesto de que el Derecho
penal constituya control social para decidir sobre los hábitos de una persona;
forzado, segado y arbitrario. No olvide que la tipificación de conductas
punibles parte de definir esas conductas en un marco de orden social, como
sistema humano; precisamente, el imperio de la ley penal asienta en conductas
individuales o colectivas, y si el consumo de sustancias penalizadas es
precursor de la producción, tráfico, etcétera, de las mismas, como elemento
inseparable del sistema delictivo que se genera, entonces deberá ser objeto de
punición, porque ese sistema es un sistema delictivo y hay que prevenir su
desarrollo. Dicho esto aclarando que, por vía de la administración ejecutiva
del gobierno de la República ,
habrá de atenderse el costo social que produce [la adicción, etcétera]. Por
aquello de los hospitales al lado de los pasos a nivel sin barreras, ¿vio?
Pongamos las barreras y los hospitales, para nuestro caso.
Dolor
Nada. Sólo finalizar este análisis manifestando el profundo dolor moral
que me aqueja y se origina en los acontecimientos que conmocionan a la
provincia por la muerte atroz de dos jovencitas. Acompaño a sus familias, que
han quedado huérfanas de su vitalidad, a sus amigos y a todos los conciudadanos
perplejos y dolidos que no encuentran el camino para expresar su desolación.
Acompaño también al Gobernador Urtubey, a sus funcionarios y al Jefe de
la policía Provincial y a sus hombres; para quienes muchos claman la vindicta
pública por algo que no cometieron, que es la muerte de las muchachas. Les
envío fuerzas para afrontar la circunstancia de ser custodios de la Seguridad si es que ha
sido lesionada, frente a la crítica pública originada más por el sentimiento
que por la razón. Estoy junto a la
Justicia , en la persona del Juez Pablo Farah y sus
investigadores fiscales, rogando para que, con su pericia profesional y la
fundamental Prudencia, encuentren lo que se necesita: La Verdad real.
© MRP
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