José Ottavis, en momentos en que enviaba un sospechoso mensaje de texto. (Foto: Clarín) |
La votación de la ley de reforma impositiva bonaerense quedó
envuelta en un manto de sospechas, luego de que un fotógrafo de Clarín
capturara imágenes del celular de José Ottavis, vicepresidente de la Cámara y uno de los líderes
de La Cámpora ,
mientras se enviaba mensajes de texto con Rocío Giaccone y Miguel Funes,
compañeros de bancada.
Giaccone le decía a Ottavis: "150 mil x cabeza ofrecen
a los diputados de la opo según palabras de Valeria Arata [legisladora de la UCR ]. Se está corriendo
eso". Y la respuesta, según se alcanza a leer, fue: "Bueno chicos. No
contemos más cosas y cuidado".
"Me comuniqué con Valeria Arata y me confirmó que de
ninguna manera ella dijo eso. No lo dijo, no envió ningún mensaje de texto y
ningunos de nuestros diputados tiene información sobre ofrecimientos a
dirigentes de la oposición en la sesión de ayer", desmintió el titular del
bloque radical, Ricardo Jano.
Jano recordó que "el radicalismo fue uno de los pocos
bloques que no bajó a dar quórum, que mantuvo su postura firme en todo momento
y votó en contra a la reforma". Pero consideró que "sería un canalla si
denunciara a todos los que votaron a favor sin tener ningún tipo de
prueba".
Más tarde, la propia Arata se despegó del escándalo:
"Estoy totalmente sorprendida. Es absolutamente mentira. Nadie me dijo
nada, en ningún momento. No hablé con Ottavis, ni con Rocío [Giaccone]. Ella es
diputada de la misma ciudad que yo, la verdad que me sorprende. Sólo la vi ayer
cuando terminó la sesión; hablamos del municipio de Junín y de un amigo en
común".
"¿Por qué Giaccone dice eso en ese mensaje?", le
preguntaron durante una entrevista radial. "Le tendrias que preguntar a
Giaccone, no sé". E insistió: "No recibí ofrecimiento, en absoluto,
para nada. Está mintiendo, que se haga cargo de lo que dice. Creo que deberia
explicar".
Otro de los integrantes de la bancada radical, Carlos
"Cacho" García, insistió en que no le consta que haya habido
ofrecimientos de dinero. "La verdad es que a mí no me llegó información en
ese sentido, ni comentarios ni rumores. No
escuché nada. Es más, cuando el oficialismo consiguió el
quórum, yo ingresé detrás de Arata al recinto. Y ella no me mencionó
nada", dijo el legislador, en diálogo con LPO.
Ayer por la noche, sin embargo, dos diputados reconocieron a
este medio que había fuertes versiones de pago de coimas y que se hablaba de
cifras que llegaron en los momentos más álgidos de las negociaciones a rondar
los 500 mil pesos. Los blancos de esas sospechas apuntaban a los legisladores
cuyo mandato termina el año que viene y saben que no van a renovar.
Fuentes de la presidencia de la Cámara de Diputados
afirmaron a LPO que por el momento "no hay nada" respecto a una
posible denuncia de coimas. Sobre los dichos del vicegobernador Gabriel
Mariotto, quien en una entrevista televisiva había se había referido a
presuntas "valijas" en el Senado, dijeron que "ya lo desmintió
Fioramonti".
El oficialismo venía de tres "derrotas": habían
intentado sesionar para debatir el proyecto en tres oportunidades, pero no
habían logrado reunir el quórum para iniciar la sesión. El Frente para la Victoria necesitaba dos
tercios de los votos para votar el proyecto en general y mayoría simple para
aprobar el impuestazo. El endeudamiento requiería de dos tercios de los votos.
Con 64 votos a favor y 27 en contra, la ley aprobada
permitirá al Poder Ejecutivo incrementar recursos por un total de 2485 millones
de pesos al año. A estos fondos se suman los 2200 millones de endeudamiento
público que autorizó la norma.
Además del Frente para la Victoria , apoyaron el
proyecto en general Nuevo Encuentro, Pro Peronismo y el Frente Amplio
Progresista. Los últimos dos bloques se opusieron al aumento de impuestos. La UCR votó todo en contra.
Inmediatamente pasó al Senado, en donde hubo 29 legisladores que apoyaron la
norma y 15 que la rechazaron.
El aumento impositivo afectará especialmente al sector
agropecuario, que reaccionó de inmediato con la convocatoria a un paro de nueve
días.
Informe: LPO y La Nación
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