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| La senadora Sonia Escudero es una de las firmantes del proyecto aprobado por el Senado por el caso Solano. |
Este miércoles, el Senado de la Nación aprobó un proyecto,
impulsado por los legisladores salteños Sonia Escudero y Juan Carlos Romero,
para que la Secretaría
de Derechos Humanos de la
Nación colabore con el esclarecimiento de lo ocurrido con el
joven salteño Daniel Solano –perteneciente a una comunidad aborigen de
Tartagal, de quien no se tienen noticias desde hace más de 6 meses -; además,
la cámara alta solicitó que el organismo nacional acompañe a la familia en las
instancias judiciales y políticas pertinentes.
Por otra parte, cabe recordar que la senadora Escudero envió
una nota –junto al jefe del bloque oficialista y senador por Río Negro, Miguel
Pichetto, en el mismo sentido que el proyecto aprobado por el Senado, dirigida
al secretario de Derechos Humanos nacional, Juan Martín Fresneda, para pedir su
intervención en este caso.
Daniel Solano, que al momento de su desaparición tenía 27
años, fue visto por última vez la madrugada del día 5 de noviembre de 2011,
cuando fue retirado por la fuerza por el personal de seguridad del local
bailable denominado “Macuba”, de la ciudad de Choele Choel, en la provincia de
Río Negro. “Desde entonces, el joven, oriundo de la ciudad de Tartagal y
miembro de la comunidad aborigen guaraní domiciliada en Misión Cherenta,
permanece desaparecido”, explicaron los legisladores.
El joven salteño había llegado unos meses antes a la
provincia de Río Negro para trabajar en la cosecha de manzanas para la empresa
“La balanza”, ubicada en la ciudad de Lamarque de la provincia antes
mencionada.
Detalles del proyecto
El proyecto aprobado este miércoles por el Senado de la Nación , solicita que la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación ,
a la brevedad, ponga a disposición “todos los recursos con que cuenta para colaborar
con el reclamo de la familia Solano por el esclarecimiento de lo ocurrido,
especialmente acompañándola en todas las instancias judiciales y políticas
pertinentes”.
Asimismo, pidieron que el organismo “arbitre las diligencias
necesarias para llevar adelante un trabajo efectivo de prevención de
situaciones en las cuales las necesidades laborales de comunidades aborígenes
son aprovechadas por individuos o empresas quienes, mediante promesas falsas,
logran someterlos a situaciones de explotación laboral, cuando no a escenarios
de lisa y llana reducción a la servidumbre”.
El caso
El día 5 de noviembre de 2011, luego de la jornada laboral,
Solano, en compañía de dos personas, se dirigió al local bailable “Macuba”,
ubicado en la ciudad de Choele Choel, Río Negro, de dónde fue retirado por la fuerza por el personal de
seguridad del mismo, en horas de la madrugada, permaneciendo desaparecido hasta
la fecha.
“Así las cosas, corresponde señalar que en una república
democrática, estructurada como Estado de Derecho, resulta inadmisible la
existencia de personas desaparecidas con presunción de haber sido víctimas de
delitos; y cuando, además, como en el caso de nuestro país, la desaparición
forzada de personas forma parte de la época más oscura de nuestra historia,
cobra fuerza de evidencia la necesidad de que el Estado, en todos sus niveles,
con todos sus recursos y de la forma más enérgica, intervenga para dilucidar lo
ocurrido con tales personas”.
En su proyecto, los senadores citaron el decreto 163/2005
del Poder Ejecutivo nacional, que establece que uno de los objetivos de la Secretaría de Derechos
Humanos es, precisamente, “entender en la observación activa, el seguimiento y
la denuncia de casos y situaciones relativos a los derechos humanos, civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y de incidencia
colectiva, conjuntamente con los organismos nacionales, provinciales,
municipales y organizaciones de la sociedad civil vinculados a esta temática”.
“Entendemos que es exigible la colaboración activa de dicha
Secretaría con la familia Solano y con la comunidad aborigen de la que forma
parte, mediante todos los recursos disponibles y en todas las instancias
pertinentes, para lograr el esclarecimiento de lo ocurrido. La Secretaría de Derechos Humanos debe representar
en forma concreta y simbólica, el compromiso irrestricto del Estado nacional
con la búsqueda de Verdad y Justicia no sólo de cara al pasado, sino también de
cara al presente”, concluyeron los legisladores.
Informe: SB
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